
Uribe, condenado: deberá cumplir 12 años de prisión domiciliaria en su finca de Llanogrande
La decisión, aunque en primera instancia, se aplicará de forma inmediata por delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
La jueza Sandra Liliana Heredia sorprendió al país con un fallo considerado histórico: Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y líder del partido Centro Democrático, fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria, medida que deberá cumplir en su finca en Llanogrande, Antioquia. Aunque el fallo aún no está en firme, la jueza ordenó su ejecución inmediata.
La sentencia de 144 meses de detención se basa en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, por el caso relacionado con la presunta manipulación de testigos, en el que Uribe habría actuado como determinador a través de su exabogado Diego Cadena. Aunque fue absuelto del cargo de soborno simple, la responsabilidad penal por los otros delitos fue suficiente para dictar la medida de aseguramiento.
“Un mensaje de igualdad ante la ley”: la justificación del fallo
En su argumentación, la jueza Heredia dejó claro que la decisión busca enviar un mensaje contundente de imparcialidad judicial. Aseguró que permitir al exmandatario continuar en libertad mientras se resuelve la apelación habría generado una percepción de impunidad, dada su posición política y su alto reconocimiento público.
“Se hace necesario que el acusado inicie la ejecución de su sanción previo a que la decisión proferida cobre firmeza”, sostuvo Heredia, al considerar que se superaron todos los requisitos legales para limitar su libertad. La sentencia —de más de 1.100 páginas— enfatiza en que el principio de igualdad ante la ley debe prevalecer incluso para las figuras de mayor poder en el país.
Las condiciones de la condena: multa, inhabilidad y vigilancia estricta
Uribe, además de permanecer recluido en su residencia campestre en Llanogrande, no podrá cambiar de domicilio sin autorización judicial y deberá permitir el ingreso de las autoridades de vigilancia. También fue condenado al pago de una multa superior a los 2.400 millones de pesos e inhabilitado para ejercer funciones públicas por más de ocho años.
El equipo jurídico del exmandatario, liderado por Jaime Granados, ya anunció la apelación del fallo. Según sus declaraciones, “el expresidente mantiene intacta su presunción de inocencia mientras no haya una condena en firme”.
Reacciones divididas: entre la indignación y el respaldo
El fallo ha generado una oleada de reacciones políticas y sociales. Mientras sectores que históricamente han cuestionado al expresidente celebran la decisión como un avance en la lucha contra la impunidad, sus seguidores la califican de persecución judicial.
En todo caso, el impacto del fallo trasciende lo jurídico. Por primera vez en la historia reciente del país, un expresidente enfrenta una condena con restricción efectiva de libertad. Y aunque la decisión puede cambiar en las instancias superiores, desde hoy, Álvaro Uribe Vélez deberá cumplir con la justicia en la intimidad de su finca.
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