Manuel Mazenet, junto a Safuat Atunes Celedón y Rafael Castañeda Amashta, busca dirigir el ente que debe vigilar los recursos públicos del departamento.

En la Asamblea del Magdalena, donde este año se han librado batallas políticas intensas por el control y manejo de los recursos en el departamento, se desarrolla también una decisión sensible y responsable: la elección del nuevo Contralor Departamental.

Entre los tres aspirantes que superaron la fase de entrevistas, exámenes y revisión de hojas de vida, aparece un nombre que evoca uno de los mayores escándalos administrativos de la última década: Manuel Julián Mazenet Corrales, exsenador, exsecretario de Educación y exfuncionario sancionado por la Procuraduría General de la Nación.

Mientras los diputados deliberan, la pregunta que ronda los pasillos del recinto es inevitable:
¿Puede un hombre inhabilitado por irregularidades en contratación pública convertirse ahora en el vigilante de los recursos del Magdalena?

El regreso de un sancionado

Mazenet fue protagonista de la política magdalenense en los años 2000. Abogado de formación, llegó a ocupar cargos clave en la administración departamental y luego alcanzó una curul en el Congreso de la República.

Sin embargo, su carrera se desplomó tras el escándalo de los kits escolares —un contrato suscrito en 2008 por la Gobernación del Magdalena de Omar Díazgranados, cuando él era Secretario de Educación— para la entrega de morrales y materiales escolares a estudiantes de bajos recursos.

Una investigación de la Procuraduría reveló que los kits, valorados en más de $54.000 cada uno, tenían un sobrecosto superior al 200% respecto al precio del mercado. Además, miles de unidades nunca llegaron a las escuelas y se descubrieron inconsistencias en los reportes de entrega, así como sus ventas ilegales en lugares públicos.

Por esos hechos, la entidad lo sancionó con 12 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos, al considerar que omitió controles y permitió un detrimento patrimonial millonario.

Años después, ya como senador, Mazenet interpuso una tutela que le permitió regresar temporalmente a su curul. Pero la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura revocó la medida y dejó en firme la destitución. El episodio lo marcó como símbolo de la corrupción administrativa que salpicó a la clase política del departamento en esa época.

Hoy, pese a esa historia, el excongresista busca volver al poder, pero desde el lado que debería ejercer la vigilancia.

La terna que definirá el control fiscal

La controversia se reavivó cuando la Asamblea Departamental publicó la terna final de aspirantes a Contralor del Magdalena.

Junto a Mazenet figuran Safuat Atunes Celedón y Rafael Castañeda Amashta, dos perfiles con experiencia en gestión pública y académica.

• Safuat Atunes Celedón es contador público, especialista en Gerencia de Proyectos y Gerencia Pública, con maestría en Finanzas. Actualmente se desempeña como jefe de la Oficina de Despacho de la Alcaldía de Santa Marta. Su trayectoria lo perfila como un candidato técnico, aunque su cercanía con la administración local ha despertado sospechas de parcialidad política.
• Rafael Castañeda Amashta, por su parte, es ingeniero civil y docente de la Universidad del Magdalena, con estudios en Finanzas y Gerencia de Proyectos. Durante el proceso de entrevistas declaró en sus redes sociales que no busca “un cargo, sino una oportunidad para servir con integridad”. Es considerado el aspirante más independiente de la terna.

Sin embargo, la atención pública se ha centrado en el nombre de Mazenet, por el peso de sus antecedentes y lo que simboliza su aspiración.

El peso del pasado

En los registros de prensa aún reposan las notas que en 2011 titularon su caída: “Procuraduría inhabilita a senador del Magdalena por 12 años”, “Exfuncionario implicado en sobrecostos escolares”, “Sanción en firme contra Manuel Julián Mazenet”.

Los mismos documentos que dieron cuenta de la inhabilidad que hoy, de manera paradójica, no ha impedido que su nombre vuelva a figurar para dirigir un órgano de control.

Las organizaciones de veeduría ciudadana del departamento ya han advertido que su participación contradice el espíritu del cargo.

“No se puede poner al zorro a cuidar el gallinero”, resumió un miembro del Comité de Veedurías del Magdalena en diálogo con este medio.

De acuerdo con expertos consultados, aunque las sanciones disciplinarias pierden vigencia una vez cumplido el tiempo establecido, el criterio ético sigue siendo un factor clave para ocupar un cargo de control fiscal.

“No basta con que la inhabilidad haya prescrito; lo importante es la confianza pública y la integridad del funcionario”, explicó el abogado administrativo Jorge Pérez, consultor en temas de transparencia.

Un proceso bajo la lupa

El concurso para elegir Contralor no ha estado exento de críticas. En redes sociales y medios regionales se han señalado irregularidades en la convocatoria y la evaluación de los aspirantes, incluyendo la exclusión de perfiles como el de la exmagistrada Cecilia Durán, quien denunció falta de transparencia en el proceso.

Pese a esos cuestionamientos, la Asamblea avanzó en las entrevistas, y la terna ya está lista para votación. El proceso, que debería ser un ejercicio de meritocracia, se ha convertido en un espejo del pulso político entre las fuerzas que disputan el control del departamento.

Entre la memoria y el olvido

Manuel Julián Mazenet reaparece hoy con un discurso renovado. Habla de experiencia, conocimiento jurídico y “capacidad para garantizar transparencia”. Pero para muchos magdalenenses, su nombre sigue asociado a los años oscuros de la contratación pública y a la pérdida de confianza en las instituciones.

El cargo de Contralor implica fiscalizar cada peso que entra y sale de la Gobernación, vigilar obras, programas sociales y proyectos financiados con recursos públicos. Por eso, su eventual elección tendría un valor simbólico profundo: sería la paradoja de un sancionado convertido en guardián de la legalidad.

En un departamento golpeado por la corrupción, los malos manejos y la pérdida de credibilidad institucional, la figura del Contralor debería ser sinónimo de vigilancia, independencia y ética.
Sin embargo, el proceso en curso parece devolver al escenario los mismos nombres que en el pasado representaron el deterioro de la administración pública.

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La decisión está ahora en manos de la Asamblea. Los diputados deberán elegir entre un candidato con un pasado cuestionado y dos aspirantes técnicos y discretos.
El desenlace no sólo definirá quién revisará las cuentas del departamento: también mostrará si el Magdalena aprendió —o no— de sus propios errores.