
Trump le ofrece 1.000 dólares a migrantes que se autodeporten de Estados Unidos
El Presidente impulsa un plan para reducir la migración irregular mediante incentivos económicos y asistencia de viaje a quienes decidan abandonar voluntariamente Estados Unidos a través de la aplicación CBP Home.
El presidente Donald Trump anunció este lunes un nuevo programa que ofrece 1.000 dólares y asistencia de viaje a migrantes, incluidos colombianos, que decidan abandonar voluntariamente Estados Unidos.
El plan, impulsado como parte de su estrategia para frenar la migración irregular, busca incentivar la “autodeportación” mediante el uso de una aplicación gubernamental llamada CBP Home, lanzada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Según el comunicado oficial, esta herramienta permitirá a los migrantes comunicar al gobierno su intención de regresar a su país de origen de forma voluntaria.
“El programa representa una oportunidad histórica para que los extranjeros en situación irregular regresen a sus países con apoyo financiero y logístico, sin necesidad de procesos de detención o deportación forzosa”, señala el DHS.
Una vez confirmado el regreso voluntario a través de la aplicación, los participantes recibirán el pago de 1.000 dólares. Según la administración, esta estrategia podría reducir los costos de deportación en aproximadamente un 70 %, incluso con el incentivo económico. Actualmente, arrestar, mantener en detención y expulsar a un migrante cuesta en promedio 17.121 dólares.
El DHS informó que un ciudadano hondureño ya utilizó el programa para adquirir un billete de avión desde Chicago hasta Honduras, lo que demuestra que el mecanismo ya está en funcionamiento.
“Si se encuentra aquí indocumentado, la autodeportación es la mejor manera, la más segura y la más económica de salir de Estados Unidos y evitar ser arrestado”, afirmó la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, citada en el comunicado. En una reunión de gabinete celebrada en abril, Noem también mencionó que “entre 20 y 21 millones de personas tienen que volver a casa”.
Aunque el gobierno promueve la medida como una alternativa viable y económica, organizaciones de derechos humanos han advertido que la presión económica y el temor a la detención podrían forzar decisiones precipitadas entre comunidades vulnerables.
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