Después de que la ola invernal de 2023 partiera en dos la vida de las comunidades y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo incumpliera la instalación de un puente militar, los Gobiernos Populares del Magdalena lograron rehabilitar el Puente de Michichoa con una inversión de $1.400 millones. Más de 4.700 habitantes recuperaron su única vía segura, uniendo de nuevo familias, comercio y movilidad en el sur del departamento.

Por casi dos años, el Puente de Michichoa fue el símbolo más doloroso del abandono estatal. La estructura colapsada no solo bloqueó el paso entre Santa Ana y Santa Bárbara de Pinto, también fracturó la rutina de miles de personas que quedaron aisladas después de la ola invernal de 2023. La promesa de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de instalar un puente militar nunca llegó; el anuncio se evaporó con los meses, mientras la comunidad hacía malabares para sobrevivir sin su única vía segura.

En Barro Blanco, todavía recuerdan los días en que el puente caído era una herida abierta: motociclistas cruzando por trochas improvisadas, campesinos cargando sus productos a pie, niños caminando largas distancias para llegar al colegio y enfermos que debían esperar más de lo razonable para ser trasladados a un centro médico. Cada lluvia encendía el temor de quedar completamente incomunicados.

“Aquí había gente que no podía ni vender una panela porque no había cómo sacarla”, cuenta Ariel Sánchez García, líder comunitario. “Este puente dividió a dos municipios. Hoy vuelve a unirlos”.

La solución no vino del Gobierno Nacional, que después del derrumbe guardó silencio. Llegó desde la Gobernación, pero no sin tropiezos. El bloqueo político de la Asamblea del Magdalena, que negó facultades para financiar obras urgentes, obligó a empezar prácticamente desde cero: diseñar sin recursos, planear sin garantías, insistir sin certezas.

Aun así, el entonces gobernador Rafael Martínez logró gestionar en tiempo récord los recursos de regalías necesarios: $1.400 millones. Con ese empujón, inició la rehabilitación que hoy es una realidad.

Los trabajos fueron tan complejos como necesarios. El puente tuvo que ser desmontado, limpiado y reforzado; se corrigieron daños por corrosión, se hicieron soldaduras nuevas y se restituyó la losa y las barandas. Al final, la estructura recuperó no solo su capacidad operativa, sino la confianza de una comunidad cansada de esperar soluciones.

Durante la entrega oficial, la gobernadora Margarita Guerra fue clara: este puente no solo repara una vía, repara el olvido.

“Lo que la ola invernal destruyó y la Unidad de Gestión del Riesgo nunca arregló, hoy lo entregamos con trabajo propio. Este puente vuelve a unir a la gente y demuestra que los Gobiernos Populares del Magdalena sí cumplen”, afirmó.

A su alrededor, vecinos de Santa Ana, Pinto y los corregimientos cercanos celebraban lo que para muchos es más que una obra pública: es la recuperación de la dignidad. Es volver a moverse sin miedo. Es saber que, a pesar de los obstáculos y la politiquería, alguien finalmente los escuchó.

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El Puente de Michichoa ya no es la cicatriz de un desastre. Hoy es la prueba de que cuando un territorio exige y un gobierno responde, la vida vuelve a fluir. Y más de 4.700 personas pueden dar fe de ello.