El alcalde Carlos Pinedo anunció que se trabaja en un convenio con el INPEC para trasladar de forma definitiva a los sindicados, tras la nueva crisis que afectó la movilidad y el comercio de la zona.

La administración distrital de Santa Marta tomó decisiones concretas para evitar nuevas alteraciones del orden público como la registrada este miércoles 30 de abril en el Centro Transitorio de Protección (CTP), ubicado en pleno corazón del Centro Histórico.

El alcalde Carlos Pinedo anunció que se trabaja en un convenio interadministrativo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para lograr el traslado definitivo de los reclusos a la Cárcel Rodrigo de Bastidas.

El mandatario reconoció que la permanencia de sindicados en un edificio situado en una zona estratégica para el desarrollo económico y turístico de la ciudad representa un riesgo constante, tanto por las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran los detenidos como por el impacto en la seguridad, la movilidad y la actividad comercial del sector.

“Este tipo de establecimientos no puede seguir funcionando en el centro de Santa Marta. Estamos comprometidos con liberar esta zona y garantizar condiciones seguras tanto para los privados de la libertad como para los ciudadanos”, señaló el alcalde.

Además del traslado definitivo, la administración indicó que se garantizarán de manera transitoria mejores condiciones de seguridad dentro del CTP, mientras se concreta la reubicación. Se reforzarán los controles y la vigilancia, y se hará seguimiento a los procedimientos de ingreso y entrega de alimentos, puntos que fueron motivo de reclamo durante la más reciente protesta.

Motín y caos en el Centro

La decisión se tomó tras el motín protagonizado por un grupo de sindicados que permanecen en el CTP de la calle 10 con carrera 5. A las 3:00 de la tarde del 30 de abril, los internos iniciaron una protesta que se intensificó con gritos desde la azotea, alterando el orden público y generando pánico en la zona.

La situación obligó a la intervención de agentes del Ministerio Público, Policía Metropolitana, Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia, así como delegados de la Procuraduría, Personería y Defensoría del Pueblo. Tras tres horas de tensión, se logró contener el motín sin fugas, aunque se reportaron daños en la edificación y un edificio vecino.

El director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, Alex Velásquez, ordenó una evaluación de daños y un inventario de afectaciones estructurales. Los informes serán clave para sustentar el traslado del centro reclusorio.

Comerciantes exigen soluciones

Los comerciantes de la zona, por su parte, han expresado su preocupación por el impacto que estos eventos tienen en su actividad. Cada motín paraliza las ventas, genera temor en los clientes y ahuyenta el turismo. “No es la primera vez que ocurre, y cada vez nos afecta más. Este centro tiene que salir de aquí”, expresó uno de los comerciantes afectados, quien pidió no ser identificado.

La expectativa ahora está puesta en la rapidez con que se logre concretar el convenio con el INPEC. La ciudadanía espera que esta vez las promesas no queden en el papel.