Durante un debate en el Concejo, la Secretaría de Movilidad confirmó el número de aparatos electrónicos que están emitiendo comparendos. Las demás están fuera de servicio o aún no se han instalado, reduciendo el control vial electrónico en la ciudad.

Santa Marta tiene 17 cámaras de fotodetección autorizadas, pero solo cuatro están en funcionamiento. Así lo reveló el secretario de Movilidad, Fidel Castro Tapia, durante una sesión de control político en el Concejo Distrital. Las otras cinco están apagadas y ocho más aún no se han instalado, lo que significa que hoy solo un 23 % del sistema de control automatizado está activo.

Las cámaras activas se encuentran en puntos estratégicos:

Avenida del Ferrocarril en la Bomba Petromil; Avenida del Libertador con Avenida del Río; Frente al Liceo Celedón y Avenida del Río con carrera 19.

Desde estas ubicaciones, sí se están registrando infracciones y generando sanciones válidas bajo la normativa vigente.

Cinco cámaras apagadas y ocho sin instalar Las cámaras que están fuera de servicio se ubican en intersecciones como: Avenida del Ferrocarril con avenida del Río; Avenida del Ferrocarril con avenida de Los Estudiantes; Con calles 14 y 15; Calle 22 con carrera 19 y Avenida del Libertador con carrera 19.

Según el Distrito, varias de estas cámaras ya cumplieron su vida útil de cinco años y actualmente se gestiona su renovación ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

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¿Deben desmontarlas? Debate en el Concejo Durante el debate, el concejal Wiston Vargas pidió desmontar las cámaras apagadas porque, a su juicio, generan confusión entre los conductores y podrían provocar maniobras riesgosas.

Sin embargo, el secretario Castro Tapia respondió que no pueden ser retiradas hasta que culminen los procesos administrativos con la Agencia Nacional. Además, reiteró que las cámaras activas sí operan de forma legal, sin irregularidades ni vencimientos.

Una alianza para operar las fotomultas El secretario también recordó que desde julio de 2023, el Distrito formalizó una sociedad de economía mixta con la empresa Esitts para operar el sistema. En esta alianza, el gobierno local tiene el 60 % de participación y el operador privado el 40 %.

El objetivo es mejorar la gestión de sanciones de tránsito, aumentar la transparencia y modernizar el sistema de control vial a través de tecnología