Tenía siete meses de embarazo y un hijo de seis. La ejecutaron a plena luz del día en una zona concurrida de Soacha. Según testigos, se negó a pagar una cuota extorsiva impuesta por mafias del transporte ilegal. La Policía investiga a un grupo de extranjeros.

A las 7:30 de la mañana, en plena carrera 3 con calle 27A de San Mateo, Soacha, dos disparos acabaron con la vida de Liyela Malaver.

Tenía 22 años, estaba embarazada de siete meses y tenía un hijo de seis. Sobrevivía vendiendo tintos y ayudando en el transporte informal.

La mataron por resistirse a pagar extorsión. Así lo aseguran vecinos y familiares, quienes apuntan a un grupo de extranjeros que controlan con amenazas el transporte ilegal en esa zona. Liyela se negó a pagar la “vacuna” diaria. La marcaron. La ejecutaron.

Los sicarios actuaron sin miedo. La balearon frente a decenas de testigos en una zona llena de vendedores y pasajeros. Fue llevada al Hospital Cardiovascular, pero los médicos confirmaron muerte cerebral. Su bebé tampoco sobrevivió, a pesar de los esfuerzos en la Clínica Avidanti.

El crimen generó indignación. El alcalde Julián Sánchez Perico Jr. lo calificó como “atroz” y exigió resultados rápidos a la Fiscalía y a la Policía. Confirmó que hay una línea de investigación sobre la participación de extranjeros en redes de extorsión en Soacha.

La historia de Liyela es la de muchas mujeres pobres que se enfrentan solas a las mafias que controlan la economía informal. Esta vez, el precio fue su vida y la de su hijo por nacer. La Policía aún no reporta capturas.

Su hijo mayor, de seis años, quedó huérfano. Y en Soacha, la extorsión sigue viva.