La suspensión del cobro de este servicio en las facturas pone en riesgo a los departamentos de Magdalena, Atlántico y La Guajira.
Una ola de preocupación recorre Santa Marta y otros municipios del Magdalena, así como los departamentos de Atlántico y La Guajira, ante la posibilidad de un apagón masivo en el alumbrado público.
La Asociación Nacional de Alumbrado Público y Ciudades Inteligentes (ANAP) ha lanzado una advertencia sobre la inminente suspensión de este servicio, tras la decisión de la interventoría de la Empresa Aire de no incluir el cobro del alumbrado público ni de la recolección de basuras en las facturas de servicios.
El director Ejecutivo de ANAP, Armando Gutiérrez, calificó la medida como “arbitraria, ilegal y sin debido proceso”, y explicó que esta decisión desconoce la Ley 1819 de 2016, que obliga a los municipios a recaudar los fondos para el alumbrado a través de las facturas de servicios públicos.
De no revertirse esta situación, Santa Marta, el Magdalena, así como Atlántico y La Guajira, enfrentarían serias dificultades para mantener la iluminación de sus calles y parques.
En Santa Marta, una ciudad con altos índices de inseguridad, la posibilidad de que el alumbrado público se vea afectado ha generado temor en la población.
Las autoridades locales y los habitantes coinciden en que la falta de iluminación en horas de la noche incrementaría la actividad delictiva, exponiendo a los ciudadanos a mayores riesgos en sectores que ya son considerados peligrosos.
Por otro lado, el turismo, uno de los motores económicos de Santa Marta y otras localidades de la región, también podría sufrir graves consecuencias. La vida nocturna en zonas turísticas como El Rodadero, el centro histórico y Taganga, depende en gran medida de la seguridad que brinda el alumbrado público.
Si las calles y playas quedan sumidas en la oscuridad, tanto turistas como locales se verán menos inclinados a disfrutar de las actividades nocturnas, afectando el comercio, restaurantes y establecimientos de entretenimiento.
Además, Gutiérrez advirtió que la falta de recursos no solo afectaría la operación actual del servicio, sino que también paralizaría los proyectos de modernización del alumbrado público, que buscan implementar tecnologías más eficientes y sostenibles, como la iluminación LED.
Esto no solo impactaría el desarrollo de infraestructura, sino también los esfuerzos por reducir el consumo energético en la región Caribe.
Mientras los habitantes de Santa Marta, otros municipios del Magdalena, y los departamentos de Atlántico y La Guajira permanecen a la expectativa de lo que sucederá en los próximos días, las autoridades municipales buscan soluciones y esperan una intervención del Gobierno Nacional para evitar que esta crisis derive en un apagón que afecte gravemente la seguridad y la economía local.
La decisión del presidente Gustavo Petro será clave para definir el futuro del alumbrado público en la región, un servicio que resulta esencial para el bienestar de millones de personas.
