El creciente rechazo a las cámaras de fotodetección tiene en pie de lucha a conductores y ciudadanos que aseguran estar cansados de pagar sanciones sin ver mejoras en las vías. La manifestación busca frenar lo que llaman un “negocio disfrazado de seguridad vial”.

El inconformismo en las calles de Santa Marta crece con fuerza. Lo que comenzó como una queja aislada de algunos conductores, hoy se ha convertido en un movimiento ciudadano decidido a paralizar la ciudad el próximo 12 de noviembre. Ese día, taxistas, mototaxistas, transportadores y particulares saldrán a protestar contra las fotomultas, un sistema que muchos consideran abusivo y recaudatorio.

La chispa que encendió la molestia fue la instalación de una nueva cámara de detección en la entrada del barrio Bastidas, al nororiente de la ciudad. Para los habitantes, ese dispositivo fue la gota que rebosó la copa: un símbolo de la inconformidad acumulada en una ciudad donde, aseguran, el control al ciudadano avanza más rápido que la reparación de las calles.

“No estamos en contra del control, estamos en contra del abuso. En Santa Marta hay calles llenas de huecos, intersecciones sin semáforos y tramos donde las señales de tránsito son inexistentes. Pero sí hay cámaras listas para multar”, expresó el líder del gremio de taxistas, Luis Pacheco, mientras advertía que el 12 de noviembre será una fecha de protesta masiva.

Actualmente hay cámaras de fotodetección activas en arterias como la Avenida del Libertador, la Avenida del Río y la del Ferrocarril. Sin embargo, pese al aumento de las sanciones, los samarios no perciben mejoras visibles: las vías continúan deterioradas, los semáforos fallan y la señalización es precaria.

Lo que más alimenta la desconfianza es el destino del dinero. Nadie sabe con claridad cuánto se recauda, quién administra esos recursos ni en qué se invierten.

“Queremos saber quién maneja el dinero, cuánto se recauda y por qué no se ve reflejado en mejoras viales. No puede ser que se llenen los bolsillos unos pocos mientras los ciudadanos pagan las consecuencias”, reclamó Carlos Bermúdez, conductor de bus urbano.

Organizaciones de movilidad y transporte han pedido que se revise el contrato de operación de las cámaras. Sospechan que detrás de su instalación hay participación privada, lo que habría convertido las fotomultas en un negocio lucrativo más que en una herramienta de prevención.

La manifestación del 12 de noviembre busca presionar al Distrito para que suspenda temporalmente el sistema y abra un espacio de diálogo con los sectores afectados. Los organizadores aseguran que será una movilización pacífica, pero contundente.

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Mientras las autoridades insisten en que las cámaras salvan vidas, en las calles se respira tensión. Miles de samarios se preparan para salir a reclamar algo que, según ellos, se perdió hace mucho tiempo: justicia, transparencia y sentido común en la movilidad de su ciudad.