Las autoridades realizarán operativos de manera periódica para frenar el desorden en establecimientos nocturnos.
En Santa Marta ya no hay espacio para el desorden sonoro. La ciudad adelanta operativos en distintos puntos, donde la fiesta se salió de control hace rato.
Bares, discotecas y negocios que durante años se han pasado por alto los límites de ruido, ahora enfrentan cierres, sanciones y advertencias firmes de la autoridad ambiental: el escándalo no seguirá siendo parte del paisaje nocturno.
El Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (Dadsa), junto a la Policía Metropolitana y los Vigías del Espacio Público y Control Urbano (Vepcu), ha puesto en marcha un operativo riguroso para medir los decibeles de cada establecimiento abierto al público. No se trata solo de controlar la rumba; se trata de proteger la tranquilidad de quienes habitan en zonas cercanas y que llevan años perdiendo el sueño por culpa de bafles y parlantes desbocados.
“¡Alto al ruido!”, dice el comunicado oficial con el que el Dadsa lanzó su advertencia: se sellará a todo establecimiento que sobrepase los límites permitidos por la ley. Y ya se empezaron a ver los resultados. Durante los controles, varios locales fueron temporalmente cerrados y otros sancionados por reincidir en altos niveles de ruido, que muchas veces no solo alteran la convivencia, sino también afectan la salud de los vecinos.
Estas acciones no son aisladas. Hacen parte de una estrategia más amplia del Plan de Desarrollo Distrital 500+ y del cumplimiento de la Ley 2450 de 2025, que establece sanciones para quienes perturben el entorno acústico.
“No es una persecución, es una obligación legal. Estamos haciendo cumplir la norma con rigor”, sentenció Paola Gómez, directora del Dadsa, al frente del operativo.
Mientras se imponen sanciones, también se habla de prevención. El Dadsa adelanta campañas educativas con propietarios de negocios, buscando crear conciencia sobre los efectos negativos del ruido descontrolado. La meta: una ciudad ambientalmente responsable, donde la fiesta no tenga que significar guerra con los vecinos.
Los habitantes, por su parte, han empezado a alzar la voz, no para protestar contra los operativos, sino para aplaudirlos. Las denuncias por ruido ahora serán clave en el proceso. Cualquier ciudadano podrá reportar los casos a través de los canales oficiales del Distrito, lo que activará los protocolos de verificación e intervención.
En Santa Marta, hacer cumplir la ley también es proteger la vida. Y esta vez, el silencio —o al menos, el control— parece haber llegado con fuerza.
