El llamado Operativo Contención terminó en tragedia. Más de 2.500 policías irrumpieron en las favelas de Alemao y Penha para enfrentar al Comando Vermelho. Lo que debía ser una operación de captura se convirtió en una matanza que sacude a Brasil y desata denuncias por ejecuciones extrajudiciales.

Río de Janeiro despertó envuelta en el miedo. Las calles del norte de la ciudad amanecieron cubiertas de cuerpos y silencio tras una noche que parecía sacada de una zona de guerra. El megaoperativo policial que buscaba capturar a líderes del Comando Vermelho terminó dejando 132 muertos, según la Defensoría Pública del estado. Las cifras oficiales del gobierno regional hablan de 119 fallecidos, pero ninguna versión logra esconder la magnitud de la tragedia: se trata de la operación más letal en la historia moderna de Brasil.

Desde la madrugada del martes, unos 2.500 agentes, apoyados por 32 vehículos blindados y helicópteros, ingresaron a los complejos de Alemao y Penha. Su objetivo era ejecutar un centenar de órdenes de captura contra presuntos integrantes de la mayor organización criminal de Río. Sin embargo, lo que debía ser un golpe quirúrgico se transformó en horas interminables de tiroteos, incendios y terror.

Una madrugada convertida en campo de guerra

Por primera vez, se reportó el uso de drones con explosivos por parte de los delincuentes. El gobernador Cláudio Castro calificó lo ocurrido como un acto de “narcoterrorismo”. Pero para los habitantes de las favelas, el miedo no vino solo del crimen, sino también del Estado.

Cuando los disparos cesaron, los vecinos salieron a las calles y se toparon con una escena de horror. En Penha, al menos 40 cadáveres fueron alineados en una plaza por los propios residentes, que intentaban registrar lo ocurrido mientras pedían auxilio a defensores de derechos humanos. “Está todo el mundo aterrorizado. Fue una noche de balas y nadie podía salir de casa”, contó una mujer que trabaja en un proyecto social de la zona.

El miedo se apoderó de las calles

El caos se extendió más allá de las favelas intervenidas. Carreteras bloqueadas, más de 50 autobuses usados como barricadas y centenares de familias atrapadas en medio del fuego cruzado. Regina Pinheiro, una jubilada, narró su desesperación: “Nos quedamos sin transporte y sin saber qué hacer. Solo se escuchaban disparos”.

Mientras la policía exhibe las incautaciones de drogas y armas como prueba del éxito del operativo, la Defensoría Pública denuncia posibles ejecuciones extrajudiciales. Funcionarios del organismo acompañan las labores de identificación de cuerpos y reclaman transparencia. “Hay inconsistencias graves en los reportes y evidencia de uso excesivo de la fuerza”, advirtieron en un comunicado.

“Narcoterrorismo” y denuncias por ejecuciones

La comunidad internacional también reaccionó. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU se declaró “horrorizada” por la masacre y pidió una investigación independiente. Según sus informes, entre las víctimas hay al menos cuatro policías. “Esta operación mortal refuerza la tendencia de consecuencias letales extremas de las operaciones policiales en comunidades marginadas de Brasil”, señaló el organismo.

Líderes sociales, defensores de derechos humanos y familiares de las víctimas se concentraron frente a la sede del gobierno regional exigiendo justicia. Algunos cargaban fotografías de sus seres queridos; otros, solo pedían saber si los suyos estaban vivos.

Río de Janeiro vuelve a enfrentar su viejo dilema: un Estado que responde a la violencia con más violencia. Mientras las autoridades defienden la “guerra contra el crimen”, las favelas entierran a sus muertos y cargan, una vez más, con el peso de una ciudad partida entre el miedo y la impunidad.