La Procuraduría advierte que las constantes modificaciones en los cronogramas y el lento avance de la obra han retrasado significativamente la entrega del centro carcelario, destinado a aliviar el hacinamiento en Magdalena.
La construcción de la cárcel de mediana seguridad en San Ángel, Magdalena, enfrenta serios problemas de retraso, según advirtió recientemente la Procuraduría General de la Nación.
Después de cuatro años desde el inicio de los trabajos, el avance del proyecto apenas alcanza el 34,94%, un progreso que resulta preocupante dado el tiempo transcurrido y la inversión pública comprometida.
El retraso en la construcción de esta cárcel, que busca albergar a 1.914 reclusos, ha sido atribuido a las constantes modificaciones en los cronogramas de obra y al lento desempeño durante los trabajos de ejecución.
Esta situación, según la Procuraduría, representa un riesgo significativo para la inversión pública, que supera los 400 mil millones de pesos.
«Los retrasos no solo comprometen el presupuesto asignado, sino que también ponen en riesgo el cumplimiento de las metas establecidas para reducir el hacinamiento carcelario en el departamento de Magdalena», señaló el ente de control.
En su pronunciamiento, la Procuraduría hizo un llamado a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) para que evite realizar nuevas modificaciones contractuales y prórrogas que podrían seguir afectando el cronograma de la obra.
Según la entidad, estos cambios han conducido al incumplimiento de los plazos originales y han deteriorado las condiciones acordadas al inicio del proyecto.
La falta de un avance significativo en la construcción de la cárcel en San Ángel plantea serias dudas sobre la planificación y gestión del contrato. A pesar de los cuatro años transcurridos desde la firma del acuerdo, la obra no ha logrado superar el 50% de ejecución. Este panorama, advierte la Procuraduría, refleja una posible vulneración de los principios de planeación contractual, lo que podría tener graves implicaciones legales y administrativas.
Ante la actual situación, la Procuraduría ha ordenado a la USPEC implementar medidas concretas para garantizar que la cárcel esté lista para su entrega en 2025. La construcción de este centro penitenciario es crucial no solo para mejorar las condiciones en los centros de reclusión del departamento, sino también para asegurar el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad.
El ente de control enfatizó la necesidad de adoptar acciones correctivas inmediatas para evitar mayores perjuicios al erario público y para garantizar que el proyecto pueda cumplir con los objetivos para los cuales fue concebido.
