La mujer afirma haber sido agredida sexualmente por dos guardianes del INPEC y denuncia intentos de forzarla a interrumpir su embarazo de siete meses, en un testimonio que conmueve y exige una investigación inmediata.

Andrea Esperanza Valdez, reclusa en la cárcel El Pedregal, inicia su relato sin rodeos: «Me agredieron sexualmente y hoy, a siete meses de embarazo, llevo las marcas de esas violaciones». Con estas palabras, la interna rompe el silencio sobre una serie de hechos que han sacudido el centro penitenciario de Medellín y evidenciado la vulnerabilidad de quienes habitan estos espacios.

La denuncia se origina en el rechazo de Valdez a colaborar con una supuesta red de tráfico de drogas dentro del penal, situación que, según su testimonio, desató represalias violentas. La reclusa afirma que, tras negarse a facilitar el ingreso de sustancias ilícitas, fue objeto de dos agresiones sexuales perpetradas por guardianes del INPEC. En un primer ataque, Valdez recuerda con dolor cómo le rayaron la cara y le cortaron el cabello, un castigo simbólico que pretendía silenciar su voz.

La pesadilla continuó cuando, tras ser trasladada a la Unidad de Tratamiento Especial (UTE) —medida supuestamente diseñada para protegerla— la interna se vio nuevamente expuesta a nuevos abusos. «Una noche entró un hombre robusto y alto; pensé que era para una requisa, pero vino a abusar de mí. Me tapó la boca, me tiró contra la cama y no me dio oportunidad de defenderme», declara con voz quebrada. El agresor, al retirarse, le lanzó una amenaza directa: «Siga llamando a esas fundaciones y verá que ahí sí la legalizamos», insinuando la posibilidad de una muerte violenta si continuaba denunciando.

Otra violación
Apenas una semana después, Valdez fue violada por un segundo agresor, un hecho que describe con lágrimas en los ojos: «Este agresor fue más brutal. Me sujetó con tanta fuerza que, a pesar de mis pataleos, no pude hacer nada». La recurrencia de los abusos sumió a la reclusa en una profunda depresión, haciendo que el temor a represalias le impidiera buscar ayuda o denunciar de inmediato.

La revelación más devastadora llegó meses después, cuando un guardia le entregó una prueba de embarazo, confirmando la existencia de una vida nacida del abuso. «Sentí un dolor inmenso; quedar embarazada por una violación es una de las peores sensaciones que uno puede experimentar», confiesa Valdez, quien ahora enfrenta una gestación complicada y llena de incertidumbre.

La amenazaron para que abortara
La situación se agravó aún más cuando, en los últimos meses, la interna asegura que han intentado forzarla a interrumpir el embarazo. Relata un episodio en el que, tras comer su almuerzo, comenzó a sentirse mal, vomitó y notó la presencia de sangre. Al ser trasladada al Hospital General de Medellín, un médico confirmó que su embarazo seguía en curso, pero al indagar, le preguntó si había intentado abortar. Valdez, al explicar su historia, reveló que se encontraron residuos de Cytotec en su organismo, medicamento utilizado para inducir abortos.

Este testimonio ha encendido la alarma entre organizaciones defensoras de los derechos humanos, que exigen una investigación inmediata y rigurosa sobre los hechos denunciados dentro de El Pedregal. Las declaraciones de Andrea Esperanza Valdez no solo evidencian una grave falla en la protección de las internas, sino que también ponen en tela de juicio el manejo y la seguridad dentro de los centros penitenciarios.

En medio del silencio institucional y el temor a represalias, Valdez clama por justicia, esperando que su relato abra la puerta a cambios profundos en el sistema penitenciario y garantice la protección de sus derechos y los de todas las personas privadas de libertad.