El líder de Fuerza Ciudadana aseguró que la intervención de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar), realizada en 2021 bajo el gobierno de Iván Duque, no respondió a una crisis real sino a intereses políticos y económicos. Hoy, con deudas más altas y servicios en su peor momento, Martínez señala que la ciudad es la que paga las consecuencias.

El exgobernador del Magdalena, Rafael Martínez, volvió a encender la discusión sobre la crisis de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar). En un nuevo pronunciamiento en sus redes sociales a propósito de la crisis de agua y alcantarillado que sufre la ciudad, acusó a la Superintendencia de Servicios Públicos de haber tejido una farsa que terminó por hundir a la compañía en el caos administrativo y financiero.

“¡Se llama concierto para delinquir, la Essmar nunca estuvo quebrada!”, lanzó Martínez, al recordar que en 2021 el gobierno de Iván Duque justificó la intervención de la empresa con el argumento de una supuesta insolvencia. Según él, detrás de esa medida hubo presiones de sectores políticos y del “narcoempresariado” que siempre buscaron recuperar el negocio del agua que antes manejaba Metroagua.

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Cuatro años después, los resultados parecen darle peso a sus palabras: las deudas de la Essmar se incrementaron bajo control de la Superintendencia, mientras la ciudad atraviesa lo que muchos califican como la peor crisis de acueducto, alcantarillado y aseo de su historia reciente.

Martínez insiste en que el tiempo desnudó lo que él llama un “negocio redondo” para unos pocos y una carga para los samarios. “No pudieron demostrar la quiebra, pero con la intervención trajeron incapacidad, negligencia y corrupción. Después de siete interventores quedó claro: la empresa fue sumida en el desorden”, afirmó.

A pesar del panorama sombrío, el exmandatario sostiene que la Essmar aún puede superar el descalabro financiero, prueba de la solidez con la que fue creada. Sin embargo, advierte que la factura la siguen pagando los usuarios, que cada día reciben un servicio más deficiente mientras persisten los intentos de abrir paso a la privatización.

“Al final, quienes pagan este ‘negoción’ son los samarios”, concluyó Martínez, elevando la voz contra lo que considera una maniobra política que terminó golpeando de frente a la ciudadanía.