El exgobernador Rafael Martínez denunció que desde la mesa directiva de la Asamblea se intenta desconocer la voluntad popular y entregar a otro partido la curul que dejó el diputado Rafael Noya. La Alianza Verde reclama el puesto, mientras el CNE y el Ministerio del Interior deberán definir quién tiene la razón.

“Caramba, ¿ahora también se quieren robar la credencial de Asamblea de Fuerza Ciudadana? El Estado de derecho parece haberse esfumado del Magdalena”. Con esta frase encendida, el exgobernador Rafael Martínez destapó un nuevo choque político en el departamento: el reemplazo del diputado Rafael Noya, retirado de su curul por un fallo de doble militancia.

Lo que debió ser un procedimiento de trámite se convirtió en una nueva batalla que enfrenta a Fuerza Ciudadana, que defiende el derecho de su lista a conservar el escaño, y a la Alianza Verde, que asegura que esa colectividad ya no tiene personería jurídica y, por tanto, tampoco representación.

En medio, la mesa directiva de la Asamblea decidió no tomar posición directa y acudir ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Ministerio del Interior para que definan quién debe sentarse en la curul vacía.

El argumento de Martínez

Para el líder de Fuerza Ciudadana, la fórmula es clara: “La falta se suple a través del llamamiento, es decir, el siguiente en el orden de la lista. No hay discusión posible: los votos pertenecen a la lista, no a una persona en particular”. Ese sucesor sería Danilo José Beltrán Payares, candidato que quedó en turno dentro de la lista naranja.

Martínez acusa a la mesa directiva de la Asamblea de usar la misma “estrategia ilegal” con la que —según él— intentaron desconocer el encargo en la Gobernación del Magdalena: inventarse el argumento de la pérdida de personería jurídica de Fuerza Ciudadana para quitarle lo que considera un derecho adquirido en las urnas.

“Los votos son de la lista, no de un papel ni de una resolución. Quieren manipular la ley para quedarse con lo que no les corresponde”, lanzó Martínez, quien incluso comparó estas maniobras con las prácticas de épocas oscuras en el departamento: “La Procuraduría y los jueces no pueden seguir actuando como lo hacían sus patrones en la época del paramilitarismo en el Magdalena”.

El reclamo de la Alianza Verde

Del otro lado, Ludwing Yamiyh Dávila, excandidato de la Alianza Verde, sostiene que la pérdida de personería jurídica de Fuerza Ciudadana en marzo de 2024 dejó a ese movimiento sin derecho a reclamar representación política. Su interpretación es que el escaño debe ser asignado a la segunda lista más votada, en este caso la verde.

En un escrito dirigido a la Asamblea, Dávila cita la Ley 2200 de 2022 para reforzar su tesis: la vacante debe ocuparse de manera sucesiva y descendente según los resultados electorales, pero ya sin tener en cuenta a Fuerza Ciudadana, por estar en liquidación.

El laberinto jurídico

El Consejo de Estado, en un fallo del 7 de marzo de 2024, anuló el reconocimiento de personería jurídica a Fuerza Ciudadana. Sin embargo, expertos han recordado que esa decisión tiene efectos hacia el futuro, no sobre los derechos ya adquiridos en elecciones pasadas. De ahí la grieta legal que mantiene congelada la definición.

La mesa directiva de la Asamblea, consciente de la tormenta política y legal que puede desatarse, pidió concepto al CNE y al Ministerio del Interior antes de tomar partido. Hasta ahora, la curul sigue vacía y el pulso abierto.

Lo que está en juego

Más que un asiento, lo que se discute es el equilibrio de fuerzas dentro de la Asamblea y, de paso, el futuro de Fuerza Ciudadana como movimiento político en el escenario departamental. Martínez ya dejó clara su postura: cualquier decisión distinta a llamar al siguiente de su lista sería, según él, un acto de despojo político.

La última palabra la tendrán los organismos de control electoral.