Procuraduría ordena verificar calidad del agua en siete playas de Santa Marta


Tras denuncias por erupciones cutáneas en bañistas, el Ministerio Público pidió a autoridades ambientales y de salud realizar análisis urgentes en balnearios como El Rodadero, Taganga y Puerto Gaira.

La Procuraduría General de la Nación activó una actuación preventiva y solicitó de forma oficial a varias entidades locales realizar análisis urgentes de la calidad del agua en siete playas de Santa Marta.

La petición llega tras denuncias ciudadanas sobre posibles afectaciones a la salud de bañistas, quienes reportaron erupciones cutáneas luego de ingresar al mar.

La solicitud está dirigida al Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (Dadsa), a Corpamag, al Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar) y a la Secretaría de Salud Distrital. Las entidades deberán inspeccionar las playas de la Bahía de Santa Marta, Taganga, El Rodadero, Puerto Gaira, Playa Salguero, Pleno Mar y Bello Horizonte.

Análisis técnico con enfoque en salud pública

El Ministerio Público pidió a los organismos competentes emitir un informe técnico que permita establecer si actualmente existen condiciones que representen un riesgo para la salud humana. También deben confirmar si estos balnearios cumplen con los estándares ambientales exigidos para actividades recreativas.

La Procuraduría recordó que estas playas tienen uso turístico intensivo y, por tanto, deben estar habilitadas para el contacto primario (como el baño directo) sin poner en riesgo a quienes las visitan.

La base de la actuación

La decisión se basa en reportes técnicos de la red de monitoreo ambiental marino-costera y en publicaciones recientes de medios de comunicación locales que reflejan el malestar de ciudadanos y turistas.

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Durante los últimos días, en redes sociales se han difundido testimonios y fotografías de personas con lesiones en la piel presuntamente después de bañarse en sectores como El Rodadero y Puerto Gaira. Aunque en principio se habló de una posible descarga de aguas negras al mar, esta versión fue descartada por las autoridades sanitarias distritales. Según explicaciones oficiales, las erupciones podrían deberse al contacto con especies marinas como aguamalas. También se analiza una posible afectación viral.

Las entidades deben responder

El órgano de control exige que las entidades ambientales y sanitarias respondan con información clara, técnica y verificable. La Procuraduría dejó en claro que su actuación busca prevenir riesgos y garantizar el derecho de la ciudadanía a disfrutar de espacios públicos seguros y salubres.

La evaluación deberá centrarse en indicadores de contaminación, presencia de organismos marinos potencialmente peligrosos, niveles de bacterias y cualquier otro factor que pueda afectar la salud de los bañistas.

La Procuraduría espera que, con base en los resultados de las inspecciones, se tomen medidas correctivas si se detectan riesgos. Hasta entonces, el Ministerio Público se mantendrá vigilante del proceso y de la respuesta institucional frente a esta situación.


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