Presidente del Parlamento venezolano ordenó cárcel para Edmundo y María Corina

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El líder del Parlamento venezolano, acusó a los opositores de conspiración y pidió su detención, mientras el pueblo venezolano protesta en las calles contra los resultados electorales.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha solicitado encarcelar a Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, destacados líderes opositores quienes acusan a Maduro de haber cometido fraude. Rodríguez los señala de ser los cabecillas de una “conspiración fascista” contra las elecciones presidenciales, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha otorgado una victoria cuestionable a Nicolás Maduro.

Durante su discurso en la Asamblea Nacional, Rodríguez instó al Ministerio Público a proceder con la aprensión de los opositores, a quienes señala de haber orquestado y finca a delincuentes para “aterrorizar” a la población y generar desestabilización. Según Rodríguez, estos actos forman parte de un plan para socavar la legitimidad del proceso electoral.

Mientras Rodríguez hablaba en el parlamento, González Urrutia y Machado se encontraban en una concentración en Caracas, donde instaron a los ciudadanos a seguir exigiendo la publicación de las actas de votación. La oposición sostiene que estas actas demostrarán que su candidato venció a Maduro por un gigantesco margen.

Rodríguez descalificó las actas presentadas por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y acusó al equipo de campaña de González Urrutia de ser un “comando de acción violenta” que intenta provocar una guerra civil en el país. Describió las afirmaciones de la oposición como “patrañas” y un intento de desestabilización.

Desde el pasado lunes, las manifestaciones en Caracas y otras ciudades han aumentado en respuesta a los resultados electorales. Las fuerzas de seguridad han respondido con represión, resultando en múltiples enfrentamientos que han dejado al menos seis muertos y 84 heridos, según organizaciones no gubernamentales.

La oposición considera estas manifestaciones como expresiones legítimas de descontento, mientras que el Gobierno las califica de “criminales” y “terroristas”. El Ejecutivo también denuncia que estos eventos forman parte de un golpe de Estado en proceso, orquestado por elementos de la derecha extremista.

Las detenciones ascienden a 749, mientras las tensiones siguen incrementando en el país. La situación continúa siendo muy delicada, con la comunidad internacional observando de cerca el desarrollo de los acontecimientos y la respuesta del Gobierno venezolano.