El Gobierno radicó en el Congreso el proyecto de Ley de Financiamiento para cubrir el déficit del Presupuesto 2026. La iniciativa pretende recaudar 26 billones de pesos en su primer año, pero las medidas que gravan desde la cerveza hasta los servicios digitales han encendido un fuerte debate nacional.

El Gobierno prendió la mecha del que promete ser uno de los debates más intensos del Congreso este año. Con la radicación del proyecto de Ley de Financiamiento, la administración del presidente busca cubrir un hueco fiscal que amenaza con desbordar el Presupuesto General de 2026. La apuesta: recaudar 26 billones de pesos en su primer año. El costo: un paquete de medidas que va desde el alza en el precio de la cerveza hasta impuestos al patrimonio de los más ricos.

El ministro de Hacienda, Ricardo Ávila, salió al ruedo con un mensaje de urgencia: “Es indispensable para garantizar la estabilidad fiscal”. Sin embargo, sus palabras no han bastado para frenar el oleaje de críticas. La reforma toca el día a día de millones de colombianos: aumenta el precio de bebidas como aguardiente y ron, impone impuestos a la gasolina, encarece el turismo, los espectáculos públicos y hasta los servicios digitales de entretenimiento y almacenamiento en la nube.

Uno de los puntos más polémicos es el impuesto al patrimonio. Quienes tengan bienes desde 2.000 millones de pesos deberán declararlo y, en el caso de los más adinerados, la tarifa podría alcanzar el 1,5 % anual. Además, las tarifas de renta subirán hasta el 39 % para personas de mayores ingresos, mientras las entidades financieras enfrentarán una sobretasa que pondría sus cargas tributarias en niveles nunca vistos.

El sector energético también quedó en la mira. El proyecto establece un impuesto del 1 % a la primera venta o exportación de petróleo y carbón, con lo que el Gobierno espera sumar 869 mil millones de pesos. No obstante, analistas advierten que esta decisión puede golpear a Ecopetrol y arrastrar consigo a otros sectores de la economía.

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La reforma no dejó por fuera ni a las iglesias. Aunque sus actividades de culto seguirán exentas, deberán pagar impuesto de renta por negocios o actividades comerciales.

Ahora el pulso se traslada al Capitolio. Allí, el Gobierno defenderá su propuesta como la única alternativa para financiar el presupuesto nacional, mientras diversos sectores ya anuncian resistencia. En el aire está la misma pregunta que ronda cada reforma tributaria: ¿será la estabilidad fiscal del Estado lo que se logre, o terminará siendo el bolsillo de los colombianos el que pague el precio?