El Resguardo Kogui–Malayo–Arhuaco firmó un convenio con la Alcaldía de Riohacha para manejar directamente recursos del Sistema General de Participaciones. Aunque es un avance en autonomía, preocupa la falta de experiencia administrativa y los mecanismos de veeduría.

Por primera vez en la historia, una comunidad indígena administrará directamente recursos públicos. Se trata del Resguardo Kogui–Malayo–Arhuaco, al que le fue asignada una partida cercana a los 3 mil millones de pesos para proyectos comunitarios y culturales, bajo un convenio firmado con la Alcaldía de Riohacha.

El histórico acuerdo fue suscrito entre el alcalde Genaro David Redondo Choles y el cabildo gobernador del resguardo, Arregoces Conchacala Zarabata, quienes estrecharon manos en un acto simbólico que marca un antes y un después en la relación entre el Estado y los pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta.

La transferencia de estos fondos, provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), específicamente de la línea destinada a resguardos indígenas (AESGPRI), permitirá a los koguis, arhuacos y malayos planificar y ejecutar proyectos alineados con su cosmovisión y su propia forma de gobierno.

“El dinero servirá para fortalecer nuestras danzas, cantos, tejidos, lugares sagrados y centros de gobierno. Todo esto hace parte del equilibrio que cuidamos en la Sierra”, dijo uno de los líderes indígenas que participaron en el acto.

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El reto de la administración

Aunque el anuncio ha sido celebrado como un paso hacia la autonomía indígena y la gobernanza intercultural, no todos los sectores observan el convenio con optimismo.

Las dudas se centran en la capacidad administrativa del resguardo para manejar una cifra tan alta y en la ausencia de experiencia, mecanismos claros de control y veeduría.

“Hay un riesgo latente de disputas internas o errores administrativos. Se necesita acompañamiento técnico, pero también respeto por sus formas organizativas”, advirtió Adalberto Gómez, historiador.

La tensión está en el equilibrio: que los recursos se usen con eficacia y transparencia, sin imponerles modelos ajenos a su cultura, pero también sin dejar de garantizar la vigilancia del gasto público