Polémica por instalación masiva de bolardos en el Centro para frenar imprudencias de motos 

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La medida aunque busca evitar accidentes y proteger los adoquines, la instalación de bolardos afecta la movilidad de personas en sillas de ruedas y con discapacidad.

Las calles peatonales del centro histórico de Santa Marta, conocidas por su valor patrimonial y turístico, se han convertido en un campo de debate. La Alcaldía ha decidido instalar bolardos en casi cada esquina para frenar el paso de motociclistas que, de manera imprudente, utilizan estas zonas prohibidas para circular, poniendo en riesgo a peatones y deteriorando los adoquines. 

No obstante, la medida, que busca mejorar la seguridad, ha generado descontento entre algunos sectores de la población, especialmente entre las personas con movilidad reducida.

El incremento en el número de motociclistas que transitan por calles exclusivamente peatonales ha alarmado a las autoridades locales. Esta práctica no solo ha aumentado el riesgo de accidentes, sino que también ha provocado daños significativos en el pavimento adoquinado, un símbolo del centro histórico. 

Frente a esta problemática, la Alcaldía decidió colocar bolardos en las esquinas para impedir el acceso de vehículos, incluyendo motocicletas, a estas áreas.

Opiniones divididas 

La medida no ha estado exenta de críticas. Si bien los bolardos cumplen su función de bloquear el paso de motociclistas, su instalación también ha generado dificultades para las personas en sillas de ruedas o con movilidad reducida, quienes ahora encuentran barreras físicas adicionales para desplazarse por las calles del centro. 

«Es como si nos cerraran el paso a todos. No se puede transitar libremente y se siente como una doble exclusión», expresó Marta Pérez, una ciudadana con discapacidad que frecuenta el centro de la ciudad.

Por su parte, representantes de organizaciones que velan por los derechos de las personas con discapacidad han alzado su voz. Señalan que la instalación de los bolardos, aunque necesaria para evitar la imprudencia de algunos motociclistas, ha sido implementada sin tomar en cuenta la accesibilidad de todos los ciudadanos. 

«Entendemos la necesidad de controlar el paso de motocicletas, pero no se puede hacer a costa de quienes más necesitan un centro accesible», comentó Ana María Díaz, vocera de una fundación que apoya a personas con movilidad reducida en Santa Marta.

Además, algunos comerciantes del centro histórico también han expresado su preocupación por el impacto visual que los bolardos tienen en el área. 

«Es necesario preservar la imagen y el patrimonio del centro. Estos bolardos no solo afectan la movilidad, sino que rompen con la estética del lugar», manifestó Juan López, dueño de un negocio en la zona.

La respuesta de la Alcaldía

Ante las críticas, la Alcaldía ha defendido su decisión, destacando que los bolardos fueron la solución más viable ante la reiterada violación de las normas por parte de los motociclistas. 

Sin embargo, reconocen que la implementación podría mejorarse y no descartan revisar algunos puntos donde se hayan generado dificultades para la movilidad de personas con discapacidad. 

Posibles soluciones

Ante el malestar generado, varios sectores han sugerido alternativas para mitigar el impacto de los bolardos en la movilidad. Una de las propuestas es la instalación de bolardos retráctiles o removibles que, si bien impidan el paso de motocicletas, puedan ser bajados o retirados para facilitar el paso de personas con sillas de ruedas u otros medios de movilidad asistida.

Por otro lado, se ha sugerido una mayor presencia de la policía de tránsito en las zonas críticas del centro histórico para evitar que los motociclistas transiten por estas áreas sin necesidad de llenar las calles de barreras físicas.

La situación en el centro histórico de Santa Marta sigue generando opiniones divididas. Mientras unos aplauden la instalación de los bolardos como una medida necesaria para preservar la seguridad de los peatones, otros consideran que debe buscarse un equilibrio que permita tanto la protección del espacio público como la inclusión de todas las personas en la vida diaria de la ciudad.