El presidente señaló que el joven de 14 años que disparó contra el senador Miguel Uribe en Bogotá estuvo vinculado al programa Jóvenes en Paz, pero fue retirado por su comportamiento violento y falta de integración. El menor permanece en una clínica bajo vigilancia médica mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el presidente Gustavo Petro volvió a referirse al caso del menor de edad implicado en el atentado criminal contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe.

El mandatario reiteró su visión de que se trata de “un niño atrapado por la violencia del país”, aunque reconoció que las autoridades ya habían identificado su comportamiento conflictivo desde antes del crimen.

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“El gobierno distrital ya había identificado la conflictividad del niño asesino, lo recogió en uno de sus programas, y pasó a uno de los programas de mi gobierno: Jóvenes en Paz”, escribió Petro.

No asistía a clases y se retiró voluntariamente

Según el presidente, el joven fue acogido por el programa Jóvenes en Paz, que busca prevenir que adolescentes vulnerables caigan en redes criminales. Sin embargo, el informe de los profesionales que lo evaluaron reveló que el menor mostraba una personalidad “completamente conflictiva, sin capacidad de establecer vínculos intersociales”.

Durante su paso por el programa —que apenas duró dos meses— el adolescente no asistió a ninguna clase y terminó retirándose voluntariamente, perdiendo así una de las oportunidades de intervención social que se le ofrecieron.

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Capturado tras recibir un disparo

El hecho que lo vincula con el atentado criminal ocurrió hace casi 48 horas. Tras presuntamente disparar, el joven intentó escapar del lugar, pero recibió un disparo en la pierna que permitió su posterior captura. Desde entonces, permanece recluido en la Clínica Colombia bajo custodia médica.

ICBF asume el caso: doble proceso y protección

En la mañana de este lunes 9 de junio, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, visitó al menor en la clínica y explicó lo que seguirá desde el punto de vista legal y administrativo.

“Dentro del sistema de responsabilidad adolescente comienzan dos procesos: el administrativo y el jurídico. Frente al jurídico tiene un defensor de oficio designado por la Defensoría del Pueblo, y frente al administrativo una defensora de familia a cargo del proceso”, indicó Cáceres.

Cáceres informó que la audiencia preliminar será realizada este mismo lunes, y que ya se han coordinado con la Fiscalía medidas especiales para garantizar la seguridad del joven, teniendo en cuenta las características particulares del caso.

“Sí va a haber la audiencia que confirmó la Fiscalía esta tarde y a partir de eso la medida que tome el juez debe hacerse efectiva. Ya hay unos acuerdos con Fiscalía para que haya condiciones de seguridad con el chico y condiciones excepcionales por el caso que tenemos y en el marco de las garantías de la Ley”, explicó.

La directora del ICBF también afirmó que el menor se ha mostrado dispuesto a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos. Sin embargo, advirtió que por la naturaleza de la información que posee, el joven requiere una protección especial.

“Está en total disposición de colaboración, pero necesita una compañía extraordinaria que cuide su vida y la información que maneja”, aseguró.