Petro ordena a su abogado Dan Kovalik defender a la familia del pescador samario atacado por EE. UU.


Gustavo Petro ordenó a su abogado personal, Dan Kovalik, asumir la defensa de la familia de Alejandro Carranza, el pescador de Gaira muerto cuando un misil estadounidense impactó su lancha en el Caribe. El Gobierno exigirá explicaciones formales y prepara una estrategia jurídica internacional.

A Alejandro Carranza lo mataron en medio del mar Caribe sin una advertencia, sin un llamado a detención y sin derecho a defenderse. Su lancha estaba averiada, con los motores levantados en señal de auxilio, cuando una aeronave militar estadounidense disparó el misil que la destruyó el 16 de septiembre. Washington dijo que era un operativo antidrogas. En Gaira, donde vivía el pescador, esa versión suena a excusa y a abuso.

La muerte de Alejandro Carranza no solo dejó huérfanos, padres desamparados y una familia marcada por el dolor y la impotencia. También abrió una grieta diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Y ahora, con una decisión que sacude el caso, el presidente Gustavo Petro puso a su propio abogado al frente de la defensa legal de los familiares.

La instrucción presidencial: poner un abogado de EE. UU. a litigar contra EE. UU.
Durante su paso por Santa Marta, Petro escuchó a los familiares y les prometió que no permitiría que el caso se hundiera en el silencio. Su respuesta fue contundente: ordenó al abogado Dan Kovalik —su representante legal en Estados Unidos— asumir de inmediato la defensa jurídica de la familia Carranza.

La jugada cambia por completo el peso del proceso. Kovalik, un abogado estadounidense que ha litigado contra abusos del Pentágono y de agencias de seguridad, será ahora quien abra un frente formal para exigir responsabilidad por la muerte del pescador.

“Mi abogado Dan Kovalik ha iniciado la defensa judicial de la familia Carranza, víctima del asesinato estadounidense de Alejandro”, dijo Petro. “La Agencia Jurídica del Estado debe convocar una comisión de abogados colombianos para investigar los crímenes en el mar Caribe”.

La defensa no será simbólica. El Gobierno buscará revisar procedimientos, exigir explicaciones oficiales y establecer si Estados Unidos violó protocolos internacionales al atacar a un civil en una embarcación que no huía.

La versión en disputa: ¿narcotraficante o pescador detenido por una avería?

El gobierno estadounidense sostiene que era una operación antidrogas. La familia lo desmiente por completo.

Dicen que Alejandro llevaba años en la pesca artesanal, que estaba en faena y que la lancha presentó una falla mecánica que lo dejó inmovilizado en altamar.

Cualquier embarcación en esa situación debería recibir asistencia, no fuego. Pero el misil cayó.

El pasado judicial del pescador —un antecedente por hurto de armas— ha sido usado para poner en duda su inocencia. La defensa insiste: ningún registro justifica una ejecución sin proceso, y menos aún cuando la embarcación estaba detenida y con señales visibles de emergencia.

La familia Carranza: dolor, pobreza y una exigencia básica

En su casa humilde en Gaira, la familia repite lo mismo desde el primer día:

“No pedimos plata. Pedimos que alguien responda”.

Los hijos quedaron sin su padre. Los padres, sin el hijo que los apoyaba. Y ahora, enfrentados a un caso internacional que jamás imaginaron, esperan que la defensa de Kovalik les dé por fin una voz en un proceso dominado hasta ahora por la versión estadounidense.

El caso explotó en el peor momento.

Colombia fue retirada del listado de países cooperantes en la lucha antidrogas y, casi al mismo tiempo, Estados Unidos revocó la visa del presidente Petro y lo incluyó en la lista Clinton. A eso se suma que, según documentos oficiales, más de 20 operaciones militares en el Caribe y el Pacífico han dejado más de 80 muertos en los últimos meses.

Con ese contexto, la muerte de Carranza se volvió símbolo de una pregunta más grande y peligrosa: ¿Puede Estados Unidos atacar una embarcación civil colombiana sin rendir cuentas?

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La respuesta, por primera vez, empezará a buscarse en un tribunal con el abogado del presidente de Colombia exigiendo responsabilidad al gobierno estadounidense.


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