Documentos oficiales revelan que jefes guerrilleros recibieron camionetas blindadas, escoltas y combustible pagados con recursos estatales, mientras líderes sociales denuncian abandono en su protección.

Colombia enfrenta un nuevo escándalo político. Bajo la política de “paz total”, el Gobierno de Gustavo Petro destinó más de 130 millones de pesos mensuales para la protección de delegados del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las Farc, en un país donde líderes sociales siguen reclamando garantías mínimas de seguridad.

Los documentos oficiales revelan que durante las negociaciones de 2024, seis miembros del ELN fueron beneficiados con siete camionetas de alta gama arrendadas por un costo mensual de 106.836.925 pesos, acompañadas de 15 escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y un gasto adicional de 7.981.370 pesos en gasolina.

Los recursos provinieron del Fondo de Programas Especiales para la Paz, administrado por el Departamento Administrativo de la Presidencia. Para sectores políticos y sociales críticos, esto constituye un “desbalance” en la destinación de dineros públicos, pues se privilegia a quienes mantienen presencia armada en varias regiones mientras se desatiende la seguridad de comunidades enteras.

Víctimas desprotegidas

La polémica crece porque, en paralelo, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y varios mandatarios locales aseguran que el Gobierno les ha negado esquemas de seguridad alegando falta de recursos. En las zonas más golpeadas por la violencia, los asesinatos y amenazas contra líderes sociales no cesan.

“Es inconcebible que se blinde a quienes han puesto las armas contra el pueblo y se deje a merced del crimen a quienes lo defienden”, señalaron organizaciones sociales al conocerse las cifras.

Defensa del Gobierno

Desde la Casa de Nariño, la defensa es clara: garantizar la movilidad y seguridad de los negociadores de los grupos armados es indispensable para avanzar en los diálogos y dar cumplimiento a los acuerdos. “Sin condiciones mínimas, no habría manera de sostener las negociaciones”, ha sido la respuesta oficial.

Sin embargo, la revelación de contratos y cifras alimenta la percepción de desigualdad: mientras los cabecillas viajan en vehículos blindados con escoltas y gasolina asegurada, las víctimas y sus representantes siguen expuestos a la violencia en el territorio.