En un nuevo pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro aseguró que en Santa Marta los grupos armados ilegales ejercen control social y político, y advirtió a la Policía Nacional sobre la deuda pendiente en materia de seguridad.

Santa Marta volvió a estar en la boca del presidente Gustavo Petro. Esta vez no fue por temas ambientales ni por obras, sino por algo más delicado: la seguridad. Desde un nuevo discurso, el mandatario habló de una presencia masiva de paramilitares que han asumido el control de la ciudad a través de grupos como las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y el Clan del Golfo.

“Santa Marta está dominada por paracos y hoy lo recuerda las Naciones Unidas”, dijo Petro, quien se dirigió directamente al director de la Policía Nacional para exigir resultados.

“Usted, general, tiene una orden que hemos hablado de regiones, pero Santa Marta y sus alrededores debe liberarse de mafias políticas y narcos, aunque son lo mismo”.

Las palabras del presidente no pasaron inadvertidas. Con ellas, volvió a poner sobre la mesa una realidad que organismos internacionales como la ONU también han advertido: los grupos armados continúan ejerciendo control en algunos sectores del Magdalena, imponiendo castigos, humillaciones y normas propias ante la falta de autoridad estatal.

Esto adicional a la extorsión, comercialización de droga y homicidios selectivos.

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Petro reconoció que “golpearlos con fuerza sigue siendo una asignatura pendiente” de la Policía, lo que ha permitido que estos grupos se fortalezcan y mantengan influencia sobre comunidades enteras.

En sus palabras, el mandatario fue más allá: advirtió que esta situación no solo tiene consecuencias en la seguridad, sino también en la formación y bienestar de la niñez samaria, afectada por entornos dominados por la violencia y la intimidación.

En los barrios y veredas del Magdalena, los habitantes siguen esperando que la promesa presidencial de liberar a Santa Marta “de mafias políticas y narcos” se convierta en hechos concretos. Porque, como dijo un líder comunitario del oriente de la ciudad —que pidió reserva de su nombre—, “aquí el miedo se respira y la gente ya no confía en nadie”.

El discurso del presidente, más que una denuncia, fue una advertencia: si el Estado no recupera el control, la ciudad más antigua de Colombia podría seguir atrapada entre la indiferencia y el poder silencioso de los armados.