Investigaciones internas en la Gobernación del Magdalena terminaron con una sanción de tres meses para un empleado por el delito de falsificación de documento público.
Las autoridades de la Gobernación del Magdalena han tomado medidas disciplinarias contra un funcionario tras descubrirse su participación en la falsificación de un documento público. El Departamento de Comunicaciones del Palacio Tayrona informó que se impuso una sanción de tres meses sin dar detalles del implicado.o
Según el comunicado oficial, la Oficina de Control Disciplinario Interno determinó que el empleado del área de Historias Laborales de la Oficina de Talento Humano manipuló documentos relacionados con el registro de semanas cotizadas. Esta irregularidad, que debía ser gestionada por la Asamblea Departamental, involucró la presentación de un documento falsificado.
Las acciones del funcionario, que hasta el momento no se a hecho pública su identidad, se centraron en la creación y uso de un documento falso que buscaban beneficiar a un tercero. Este hecho ha llevar a la intervención de la Procuraduría Regional de Instrucción del Magdalena, que realizará una revisión exhaustiva del caso y podría tomar acciones adicionales para asegurar la integridad del proceso administrativo.
La legislación penal colombiana contempla penas de entre tres y seis años de prisión para quienes incurran en falsificación de documentos públicos. Ante esta situación, la Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación para esclarecer todos los detalles de la infracción y determinar responsabilidades judiciales.
El comunicado también destaca la postura del gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, quien ha reafirmado su compromiso con la transparencia y la legalidad en la administración pública. Martínez ha invitado a los empleados gubernamentales a seguir estrictamente los principios de una gestión eficiente y con resultados claros.
Finalmente, se informo que otro empleado de la misma oficina está bajo investigación por su posible implicación en este caso. La Gobernación espera que estas medidas sean un claro mensaje sobre la importancia de la integridad y el cumplimiento de la ley en la gestión pública.
