Aunque el presidente Gustavo Petro insiste en que el cobro del 1,5 % a las transacciones digitales solo afectará a los ricos, pequeños comerciantes de Santa Marta aseguran que el impacto terminará trasladándose a los clientes. El Gobierno lo llama “retención”; los empresarios, un castigo.

En los restaurantes de Santa Marta el tema ya se discute con preocupación. Los dueños de locales, acostumbrados a recibir pagos por Nequi, Daviplata o BRE, hacen cuentas con una mezcla de rabia y resignación: si el Gobierno aprueba la retención del 1,5 % sobre cada transacción digital, el golpe no será menor.

“No es rentable que nos descuenten por cada transacción. Una vez esto se aplique, nosotros tendremos que modificar las cartas y subir los precios. Desafortunadamente, quien se perjudica es el comensal”, advierte Alberto Rodríguez, propietario de varios restaurantes en la capital del Magdalena.
El decreto que prepara el Ministerio de Hacienda propone aplicar la retención a todos los pagos realizados por medio de billeteras electrónicas como Nequi, Daviplata, Bre-B o PSE. Desde el Gobierno insisten en que no se trata de un nuevo impuesto, sino de una retención en la fuente: un anticipo al tributo que las empresas ya deben declarar. Sin embargo, en la calle el discurso no convence.

Una medida que afecta

Los comerciantes sienten que el bolsillo del consumidor será el verdadero afectado. “Si me pagan un almuerzo de diez mil pesos por Nequi, yo no recibo diez mil, sino nueve mil ochocientos cincuenta. Eso, multiplicado por todos los días, me reduce la ganancia. Entonces, o le subo el precio al cliente o le pido que me pague en efectivo”, comentó otro empresario consultado.

Desde el gremio nacional también han sonado las alarmas. María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, calificó la propuesta como un “castigo a los pagos digitales” y advirtió que la medida podría encarecer las operaciones, frenar la inclusión financiera y desincentivar la economía digital, justo cuando el país empezaba a ganar confianza en esos mecanismos.

El argumento oficial es que la retención busca igualar el tratamiento tributario entre pagos digitales y tarjetas bancarias, además de mejorar la trazabilidad fiscal. Pero para el comerciante de barrio, que subsiste día a día, el impacto será inmediato.

“Nosotros veníamos promoviendo que la gente pagara con Nequi o Daviplata por seguridad, por facilidad… y ahora nos castigan por hacerlo”, lamenta Rodríguez, mientras revisa los costos de sus menús.

“Esto nos obliga a retroceder”.

Aunque el Ministerio de Hacienda ha aclarado que la medida no afectará a personas naturales ni a transferencias entre particulares, el ambiente entre pequeños empresarios es de incertidumbre. En la práctica, temen no poder distinguir los límites de la norma y terminar asumiendo un costo que nunca podrán recuperar.

La medida, que el Gobierno defiende como un paso hacia la formalización, se siente para la economía popular como una nueva carga en medio de un país que cada vez compra menos y paga más.