La decisión fue tomada por el presidente Gustavo Petro, quien autorizó la designación de líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como promotores de paz. Entre los seleccionados se encuentran criminales de alto perfil responsables de graves violaciones de derechos humanos.
Este martes se conoció la decisión del presidente Gustavo Petro de designar a 17 de los máximos exjefes paramilitares de la historia del país como gestores de paz.
La resolución 453 de 2024 establece que estos antiguos comandantes de las AUC contribuirán al desarrollo de actividades de construcción de paz, garantía de no repetición y acercamientos con grupos armados ilegales, según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Aunque el Gobierno ha otorgado estos beneficios previamente a líderes de organizaciones criminales, esta vez la medida ha causado gran revuelo debido a la gravedad de los crímenes de los nombrados.
Entre ellos figuran personas condenadas por delitos de lesa humanidad, violencia sexual y graves violaciones de derechos humanos.
Uno de los designados es Hernán Giraldo, alias ‘El Patrón’ o ‘El Taladro’, quien fue expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz tras demostrarse que, incluso desde prisión, continuaba abusando de menores de edad.
Otro de los seleccionados es José Everth Veloza, alias ‘H.H’, responsable de más de 3,000 crímenes y de múltiples masacres en la historia del país. También figura Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, quien admitió en Justicia y Paz haber estado involucrado en más de 600 crímenes de violencia, incluyendo masacres, desplazamientos y extorsiones.
A esta lista se suman otros exjefes como Diego Murillo alias ‘Don Berna’, quien operó desde el EPL hasta el cartel de Medellín y fue comandante del Bloque Norte de las AUC; y Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, quien recientemente confesó más de 141 crímenes contra civiles, periodistas y miembros de la Unión Patriótica.
Entre los otros designados están Ramón Isaza, Arnubio Triana alias ‘Botalón’, y Salvatore Mancuso, entre otros.
La decisión ha suscitado una fuerte polémica en diversos sectores de la sociedad colombiana, que ven esta medida como una contradicción con los principios de justicia y derechos humanos.
Por su parte, el Gobierno argumenta que esta estrategia busca promover la paz mediante el diálogo y la reintegración de personas que tuvieron influencia en el conflicto armado.
La designación de estos exjefes paramilitares como gestores de paz marca una nueva etapa en las políticas de reconciliación del Gobierno, que continúa defendiendo la medida como un camino hacia la paz y la no repetición. Aún está por verse si esta estrategia tendrá el efecto esperado en la construcción de un país sin conflicto armado.
