Un retén militar en Anorí, Antioquia, destapó una cadena de comunicaciones que hoy tiene en la mira a oficiales de alto rango y a un miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia. Computadores incautados a una caravana de siete jefes disidentes serían la clave para determinar si hubo contactos irregulares entre el Estado y la organización ilegal.

El ministro de Defensa no habló de rumores ni de versiones de pasillo. Habló de una orden formal: abrir una investigación interna para establecer si, dentro de las propias estructuras del Estado, hubo funcionarios que cruzaron la línea y tendieron puentes con las disidencias de las Farc de alias ‘Calarcá’.

La decisión llegó después de que se conociera que la Fiscalía tenía desde hace más de un año información que señalaría posibles nexos entre esos grupos armados y altos mandos del Estado. Entre los nombres que quedaron bajo la lupa aparecen el general Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía, miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia.

El mensaje del ministro fue directo: nada está confirmado, pero lo que ya se sabe es suficiente para encender todas las alarmas.

El retén que lo cambió todo

El escándalo se desató tras un retén militar en Anorí, Antioquia, el 23 de julio de 2024. Ese día, una caravana con siete jefes disidentes fue detenida por tropas en la zona.
Lo que parecía un procedimiento de rutina terminó convirtiéndose en el origen de una tormenta institucional.

Los disidentes fueron liberados, pero los militares incautaron computadores y equipos que, según la información conocida, contenían posibles comunicaciones entre integrantes de la organización ilegal y funcionarios del Estado. Esos mensajes, nombres y referencias son ahora el centro de la investigación ordenada por el Ministerio.

Lo que más inquieta en los despachos oficiales no es solo el contenido, sino: ¿por qué esa información habría permanecido más de un año sin que se activaran todos los mecanismos de control dentro de la institucionalidad?

Oficiales bajo la lupa

El nombre del general Juan Miguel Huertas y el de Wilmer Mejía, de la Dirección Nacional de Inteligencia, quedaron mencionados en los reportes preliminares.

La instrucción del ministro es revisar, uno por uno, los elementos incautados: correos, chats, archivos y cualquier registro que pueda comprobar —o descartar— que hubo un canal de comunicación irregular entre estos funcionarios y las disidencias de alias ‘Calarcá’.

La investigación no solo tendrá que demostrar si existieron contactos, sino también el alcance de los mismos:
¿Se trató de simples acercamientos informativos?

¿Hubo acuerdos, filtraciones, beneficios?

¿Alguien, desde adentro, pudo haber facilitado la operación de la organización ilegal?

Cada respuesta pesará directamente sobre la credibilidad de las instituciones encargadas, precisamente, de combatir a esos grupos.

Transparencia o sombra sobre las Fuerzas Armadas

La orden del ministro va más allá de un anuncio. La instrucción es revisar todo con detalle: cómo surgió la información, quién la tuvo primero en sus manos, qué se hizo con ella y por qué solo ahora se desata un proceso de esta magnitud.

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El objetivo declarado es uno: despejar cualquier duda sobre la existencia de contactos irregulares dentro del Estado y evitar que una sospecha no atendida a tiempo termine salpicando a toda la Fuerza Pública.

“Lo descubierto debe investigarse a fondo y sin demora”, fue el tono del mensaje.

Porque si se confirma que hubo vínculos entre altos mandos y una organización armada ilegal, no será solo un caso más en los expedientes de la Fiscalía: será un golpe directo a la confianza ciudadana en las instituciones que, en teoría, deberían ser la primera línea de defensa frente a las disidencias. Y si no se confirma, la única forma de recuperar esa confianza será demostrar que el Estado es capaz de mirarse hacia adentro, aclarar lo ocurrido y no dejar ninguna sombra sin responder.