Un bloqueo de buses dejó miles de usuarios afectados y destapó un conflicto entre la empresa Sensación y la gerencia de la Terminal, en el que ambos lados se acusan mutuamente de abusos, incumplimientos y persecución política.

Santa Marta vivió un episodio de tensión en su sistema de transporte. Esta vez, el escenario fue la Terminal de Transportes, donde un bloqueo paralizó la movilidad de más de 18 mil pasajeros y puso frente a frente a la empresa Transporte Sensación y a la administración de la central, dirigida por Carlos Mario Redondo.

El conflicto estalló cuando los buses de Sensación fueron impedidos de ingresar a la Terminal. La gerente de la compañía, Nayrobis Alvarado, denunció que la decisión responde a una “persecución política” que tiene injerencia en la gerencia de la central. En medio de la confrontación, quedó grabada en video una fuerte discusión en la que la empresaria increpó a funcionarios y lanzó acusaciones directas contra el grupo político que respalda al exgobernador Carlos Caicedo.

Según Alvarado, la medida no solo es un atropello a un contrato de arrendamiento vigente desde hace más de diez años, sino también un golpe directo a los usuarios: “Son buses que prestan rutas escolares contratadas por el Distrito. Más de 15.000 personas están siendo afectadas injustamente”, aseguró.
La directiva anunció que el caso fue llevado ante un juez, tras señalar que no encontró disposición al diálogo por parte de la administración de la Terminal.

Lo que dice la Terminal de Transporte

La otra versión llegó de inmediato. El gerente de la Terminal, Carlos Mario Redondo, no solo rechazó las acusaciones de persecución, sino que responsabilizó a la empresa y a su representante de los disturbios ocurridos durante la protesta. “No vamos a permitir que una compañía se sitúe por encima de la ley ni que ponga en riesgo la seguridad de los funcionarios. Si algo ocurre, será responsabilidad de la representante de Sensación”, advirtió.

Redondo argumentó que el contrato de arrendamiento firmado con Sensación cobija únicamente buses intermunicipales y no los de servicio especial, como pretende la empresa. Además, reveló que la compañía mantiene una deuda de más de 120 millones de pesos con la Terminal, razón por la cual anunció acciones legales por vandalismo, agresiones y bloqueos.

“Solo ese día se afectó la operación de 620 buses y más de 18 mil pasajeros quedaron varados”, detalló.
El directivo también cuestionó la falta de intervención de la Secretaría de Movilidad Distrital y de la Policía Metropolitana, pese a que —según él— fueron advertidos desde el inicio de la protesta. En contraste, destacó el acompañamiento de la Gobernación del Magdalena, administradora de la Terminal, que respaldó su posición en medio de la disputa.

Hoy, el conflicto sigue abierto en dos frentes: el jurídico, en el que un juez deberá pronunciarse sobre la validez del contrato y la naturaleza de la operación de Sensación; y el político, donde cada declaración refuerza las tensiones entre quienes acusan persecución y quienes defienden el cumplimiento estricto de la norma.

Mientras tanto, los usuarios siguen siendo los principales damnificados de una pugna que convirtió la Terminal de Transportes en el escenario de una batalla que mezcla intereses empresariales, deudas acumuladas y acusaciones políticas.