La Policía capturó a un joven de 23 años al salir del entierro de su propio hijo, a quien, según Medicina Legal, habría golpeado brutalmente hasta causarle la muerte. El dictamen reveló múltiples fracturas y signos de maltrato antiguo.

La tarde en que Cali sepultó a un niño de tres años, también cayó el hombre que, según la Fiscalía, fue su verdugo.

El padre, un joven venezolano de 23 años, asistió al funeral sin alterar su rutina ni mostrar rastros de culpa. Permaneció en la ceremonia, saludó a algunos asistentes y subió al bus de la funeraria como si estuviera despidiendo una tragedia ajena.
Pero los agentes ya lo tenían en la mira.

La captura se produjo minutos después de que el ataúd fuera sellado. Frente a familiares y empleados de la funeraria, la Policía lo detuvo señalándolo como el responsable de una muerte que —según las autoridades— no fue un accidente, sino una golpiza mortal.

El horror detrás de la versión del “desmayo”

Días antes del entierro, el hombre había llevado al niño a un centro asistencial asegurando que “se había desmayado” antes de bañarlo. Los médicos recibieron al menor sin signos vitales y con lesiones que encendieron todas las alarmas.
No era un simple desmayo.

El cuerpo mostraba evidencia de violencia reciente y antigua, marcas incompatibles con la explicación que el padre repetía ante el personal médico.

La Fiscalía inició la investigación de inmediato. La versión del hombre no solo era débil: estaba llena de contradicciones y no explicaba el nivel de daño que presentaba el pequeño. Mientras los médicos informaban sobre la gravedad de las heridas, los investigadores comenzaron a reconstruir un ciclo de violencia que habría sido sostenido.

Un dictamen devastador: golpes, fracturas y un pulmón colapsado

El resultado de Medicina Legal terminó por confirmar el horror.

El niño había muerto por un trauma contundente que le fracturó varias costillas y le provocó una lesión pulmonar severa. Un hemotórax —acumulación de sangre en la cavidad torácica— dejó al pequeño sin capacidad para respirar.

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Pero lo más doloroso fue descubrir que esa no era la primera vez.

El informe mostró signos de agresiones antiguas: moretones en distintos estados de evolución y marcas que revelaban episodios previos de maltrato.

“El menor presentaba múltiples lesiones recientes y antiguas, compatibles con hechos repetitivos de violencia”, explicó una fuente del Instituto que conoció el dictamen.

En pocas palabras: el niño no murió ese día. Venía muriendo un poco desde hace tiempo.

La Policía siguió cada paso: la caída al salir del sepelio

Con el dictamen en manos de los investigadores y las inconsistencias del padre cada vez más evidentes, la Policía Judicial decidió mantenerlo bajo vigilancia.

Los agentes lo siguieron discretamente hasta el funeral. Sabían que, en ese lugar, ante la mirada pública, el sospechoso pensaría que todo estaba bajo control.
Pero cuando el bus de la funeraria arrancó con los asistentes, los uniformados interceptaron el vehículo. El hombre fue detenido sin resistencia.

Quienes estaban allí no podían creerlo: el padre que horas antes lloraba al pie del ataúd estaba siendo acusado de haber provocado la muerte del niño.

La Fiscalía también reveló que el capturado tenía antecedentes por porte ilegal de armas, un detalle que agravó aún más el panorama judicial.

Medida intramural

Ante la contundencia del dictamen y las evidencias recopiladas, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento intramural contra el joven por el delito de homicidio agravado.

El caso se convirtió de inmediato en un símbolo más del flagelo del maltrato infantil y de los vacíos de control institucional que permiten que muchos niños vivan en entornos de violencia sin que nadie lo detecte a tiempo.

Organizaciones de infancia en Cali exigieron medidas más estrictas y protocolos de mayor vigilancia.

“La muerte de este niño no fue inevitable; fue anunciada por las señales de violencia que nunca fueron atendidas”, dijo una defensora de menores consultada por los investigadores.