En el Magdalena rural, hay caminos que la Policía no pisa y pueblos donde la ley la imponen fusiles del Clan del Golfo. Líderes sociales denuncian que allí la autoridad no entra; la institución lo niega.

Líderes de derechos humanos aseguran que en zonas rurales de municipios como Pivijay, Plato y San Ángel, el control armado del Clan del Golfo impide el ingreso de la Policía y la Fiscalía. La institución lo niega y afirma que son las familias quienes no esperan los procedimientos judiciales.

En ciertas veredas del Magdalena, la noticia de un asesinato no llega por voz de un policía o un fiscal, sino por una foto en WhatsApp. Antes de que el Estado se asome, ya la familia ha recogido el cuerpo, lo ha envuelto en una bolsa y lo ha cargado en la parrilla de una moto para enterrarlo. Para defensores de derechos humanos como Lerber Dimas, no es simple abandono: es el poder del paramilitarismo el que mantiene a la autoridad fuera de estos territorios.

En varias zonas rurales del departamento, el levantamiento de un cadáver no lo hace un forense ni un investigador judicial, sino el padre, el hermano o el vecino de la víctima. Los cuerpos son trasladados en motocicletas o camionetas improvisadas, atravesando trochas, para darles sepultura.

La razón, asegura Dimas, es que la Fuerza Pública no entra a determinados puntos por el control del Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia.

“Hay zonas donde el poder del paramilitarismo es muy alto. No va a entrar una patrulla de cuatro policías a recoger un cadáver donde hay 50 o 60 paramilitares armados. El departamento está ampliamente paramilitarizado. Hay comunidades confinadas, bajo control, donde la gente sabe quién manda y calla por miedo”, afirma el defensor.

Zonas de difícil acceso y control armado

Dimas precisa que esta situación es recurrente en corregimientos y veredas de los municipios como Pivijay, Plato y San Ángel, y en otras zonas apartadas de la subregión Río, que limita con el sur de Bolívar.

“Desde hace años nos reportan que la fuerza pública prácticamente no entra a esos territorios. Son zonas rurales con difícil acceso y presencia consolidada del Ejército Gaitanista de Colombia”, sostiene.

En ocasiones, dice, cuando ocurre un asesinato la Policía se entera, pero no envía patrullas por temor a emboscadas. En otros casos, el levantamiento de un cuerpo tarda uno o dos días, y en algunos ni siquiera se realiza: se pide a los campesinos que lo trasladen hasta un punto más cercano.

Un ejemplo reciente ocurrió en la vereda Las Canoas, en Pivijay. Dos comerciantes de Plato, Jaider Ospino y Jeider Mendoza, fueron citados a una supuesta reunión por un grupo armado que los venía extorsionando. Nunca regresaron: los asesinaron y dejaron tirados en la vía. Sus familiares, al ver las imágenes circular por redes sociales, fueron hasta el lugar y los llevaron en motos al pueblo.

La Policía niega que haya zonas vedadas

El coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante de la Policía del Magdalena, rechaza la afirmación de que haya territorios vetados para la institución. Sostiene que la ausencia en algunos levantamientos responde a protocolos y a la coordinación que debe hacerse con el CTI de la Fiscalía.

“Las familias, desesperadas, invaden la escena y recogen el cuerpo sin esperar a las autoridades, rompiendo la cadena de custodia”, asegura el oficial.

Duarte afirma que la presencia de la Policía en zonas rurales se ha fortalecido y que los operativos han golpeado estructuras criminales. Como ejemplo, menciona la captura de Albeiro Contreras, alias “El Gordo”, presunto cabecilla del Clan del Golfo, acusado de homicidios y extorsiones en varios municipios del centro del departamento.

Se está volviendo una constante que en el dto del Magdalena le toque a familiares recoger los muertos sin levantamiento técnico.
Las autoridades no van ¿hay territorios vedados para la @PoliciaColombia o la @FiscaliaCol?

Pivijay hoy tiene 21 homicidios más tres sin reporte (24) pic.twitter.com/5BrBtHSQva

— Lerber Dimas Vásquez (@Lerberlisandro) August 8, 2025

Violencia normalizada

Para las comunidades rurales, la violencia y el abandono se han vuelto parte de la vida cotidiana. Según cifras extraoficiales, en Pivijay se han registrado este año al menos 24 homicidios, aunque solo 21 aparecen en las estadísticas oficiales. Los demás no se reportan porque las familias retiraron los cuerpos sin intervención judicial.

En las calles de los pueblos, ver pasar una moto con un cadáver en la parrilla ya no causa sorpresa. “Es indigno y traumático. Nadie debería cargar a su hijo muerto, pero si no lo hacemos nosotros, se queda tirado en la carretera”, relata un habitante que pide no ser identificado.

Entre la denuncia de defensores de derechos humanos y la respuesta oficial, queda un hecho innegable: hay comunidades del Magdalena donde la autoridad llega tarde, o simplemente no llega.