
La sacaron de su casa y la mataron: así fue el brutal asesinato de etnoeducadora Wiwa
Hombres armados irrumpieron en la vivienda de la etnoeducadora del pueblo Wiwa, y la ejecutaron a pocos metros del lugar. La comunidad denuncia abandono estatal y alerta que su muerte afecta de manera directa la educación indígena en la Sierra. El defensor de derechos humanos Lerber Dimas exigió presencia inmediata de las autoridades.
La violencia irrumpió sin aviso en la vereda La Laguna, en zona rural de Riohacha. Allí, la noche anterior, un grupo de hombres armados llegó hasta la vivienda de Elisabeth Nieves, una destacada etnoeducadora del pueblo Wiwa. No tocaron la puerta ni preguntaron por nadie.
Simplemente derribaron la puerta, la sacaron a la fuerza y la asesinaron unos metros más adelante, en plena oscuridad del camino.
Para la comunidad, no fue solo un homicidio: fue un mensaje brutal dirigido a quienes todavía creen en enseñar y resistir desde los territorios.
“La arrancaron de su casa”: la denuncia que encendió las alarmas
Una de las voces que confirmó el crimen fue la del defensor de derechos humanos Lerber Dimas, quien denunció públicamente el asesinato en su cuenta de X.
Dimas advirtió que la muerte de Nieves revela un escenario repetido en La Guajira: maestros y líderes indígenas expuestos a la violencia mientras el Estado mira desde lejos.
“Era una mujer que trabajaba por su comunidad. La sacaron de su casa y la mataron sin que nadie pudiera intervenir”, lamentó en su pronunciamiento.
Su mensaje encendió las alarmas —otra vez— sobre la desprotección en zonas donde la presencia de grupos armados se mueve sin oposición.
Docente, guía y pilar de su pueblo
Elisabeth Nieves no solo dictaba clases. Era un puente entre la tradición Wiwa y el sistema educativo, una mujer formada para enseñar desde la identidad, la lengua y la cultura propia.
Para los habitantes de La Laguna, su muerte significa la ruptura de un tejido que sostenía procesos pedagógicos, comunitarios y de convivencia en un territorio históricamente golpeado por la guerra.
La vereda, aunque pertenece administrativamente a Riohacha, está habitada por familias Wiwa registradas en San Juan del Cesar. Esa desconexión institucional, dicen ellos, se siente en todos los aspectos: no hay presencia estatal cotidiana, no hay rutas de protección y menos aún garantías para quienes educan.
Indignación por la ausencia estatal
Tras el asesinato, la comunidad esperó la llegada de las autoridades judiciales. Nadie llegó.
Ni Policía, ni Fiscalía, ni funcionarios de Medicina Legal acudieron para realizar la inspección del cadáver o trasladarlo, ni a Riohacha ni a San Juan del Cesar.
La indignación creció con las horas.
“Nos dejaron solos incluso en la muerte”, reprochan los habitantes, quienes tuvieron que custodiar el cuerpo por su cuenta mientras pedían ayuda en repetidos mensajes.
Esa ausencia, señalan, agrava la sensación de abandono que desde hace años denuncian sin obtener respuesta.
Hasta ahora, no hay claridad sobre qué grupo armado perpetró el crimen. Sin embargo, la comunidad asegura que en la zona hay movimientos constantes de estructuras ilegales que disputan control, extorsionan y presionan a maestros y líderes comunitarios.
La muerte de Elisabeth, temen, puede ser la antesala de un nuevo ciclo de intimidaciones.
Por eso la exigencia es clara:
investigación inmediata, garantías de seguridad y presencia real del Estado en la Sierra Nevada y sus territorios indígenas.
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