La playa de Santa Marta donde el Ejército cobra 25 mil pesos para ingresar

Denuncia por la playa cerrada del batallón

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Aunque está prohibido, este balneario fue privatizado por el batallón Cordova. Aseguran que fue por temas de seguridad.

La playa de San Fernando, un balneario de aguas tranquilas y encanto natural, ha sido inaccesible para el público durante décadas. A pesar de que fácilmente podría ser otro destino costero ideal en Santa Marta, el acceso ha sido restringido por el Ejército Nacional, generando polémica y cuestionamientos recientes desde el concejo municipal.

Miguel Martínez, un concejal reconocido por su postura directa y crítica hacia diversas entidades políticas y privadas, ha elevado su voz contra lo que considera una privatización irregular de esta emblemática playa.

Martínez denuncia que el acceso está controlado por miembros del Ejército, quienes no solo impiden la entrada a propios y visitantes, sino que además cobran por su uso.

El ingreso por el batallón es la única alternativa
El concejal intentó personalmente visitar la playa, encontrando obstáculos tanto en la orilla como en la sede del batallón José María Córdova.

Martínez relata cómo le fue prohibido el paso, y además le informaron que el área era territorio privado y que debía pagar una tarifa de 25 mil pesos por un servicio de pasadía para ingresar.

«Es un cobro ilegal», afirma Martínez, recordando que existe un derecho público de acceso a las playas y destacando el potencial turístico del lugar, especialmente por la presencia del histórico Fuerte San Fernando.

Martínez recordó que en estos momentos existe un interés del concejo municipal por revitalizar y promocionar lugares turísticos y culturales, como el Fuerte del Morro y el Fuerte San Fernando. Sin embargo, la prohibición de acceso a la playa obstaculiza este anhelo y contradice la legislación que garantiza el uso público de las ensenadas.»Si bien el Ejército debe velar por la seguridad, no puede restringir el acceso a las playas de forma injustificada», argumenta Martínez.

Como alternativas sugirió la construcción de barreras para proteger las instalaciones militares sin limitar el acceso público, o incluso la reubicación del batallón fuera de la ciudad para cumplir con las regulaciones que prohíben la presencia de unidades militares dentro de áreas urbanas.