La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) dio por terminado el contrato con la Sociedad Portuaria Las Américas S.A., empresa que desde 2015 tenía la concesión para construir una terminal de carga líquida en la bahía de Santa Marta. Después de diez años, no ejecutó una sola obra, motivo por el cual fue multada con US$13,4 millones y suspendida por cinco años para contratar con el Estado.

La Sociedad Portuaria Las Américas S.A. había recibido en 2015 la concesión para construir y operar una terminal marítima de carga líquida en la bahía de Santa Marta. El proyecto contemplaba la construcción de un muelle en forma de “T” de 187 metros, con un viaducto y modernos sistemas para la transferencia de hidrocarburos y aceites, una obra que prometía impulsar el desarrollo portuario del Caribe colombiano.

Diez años después, la ANI concluyó que nada de lo pactado fue cumplido. La entidad reveló que la empresa no construyó ni una sola obra, no realizó inversiones y no generó beneficios para el país ni para la región. Por tal motivo, la Agencia decidió dar por terminado el contrato, imponer una multa superior a los 13,4 millones de dólares e inhabilitar a la compañía durante cinco años para participar en nuevos procesos con el Estado.

En su comunicado, la ANI aclaró que la decisión no está dirigida contra el Distrito de Santa Marta, sino contra los responsables de haber mantenido paralizado un proyecto estratégico. “Las concesiones públicas no son licencias para especular con el mar ni con el territorio. El que no cumple, se va”, señaló la entidad, reafirmando su compromiso con la defensa de los bienes públicos y la transparencia en la gestión de las concesiones.

La medida marca un precedente importante para el sector portuario colombiano, que en los últimos años ha enfrentado cuestionamientos por la falta de ejecución en obras estratégicas. Con esta sanción, la ANI busca enviar un mensaje contundente a los operadores privados sobre la necesidad de cumplir con los compromisos adquiridos y garantizar la correcta utilización de los recursos públicos.

“La infraestructura no puede ser un negocio para unos pocos, sino una oportunidad para todos”, indicó la Agencia.

Según el organismo, el Estado debe recuperar lo incumplido y castigar el abuso de las concesiones, de manera que las inversiones realmente contribuyan al desarrollo económico y social de las regiones.