Un nuevo video circula en redes sociales mostrando cómo las Autodefensas Conquistadores de la Sierra imponen castigos a ciudadanos por conductas indebidas. Dos hombres y una mujer del barrio San Pablo fueron obligados a pedir disculpas públicas y realizar labores de limpieza tras protagonizar una riña.

Aunque algunos celebran la medida, expertos advierten que se trata de una práctica ilegal que sustituye el papel de las autoridades.

En Santa Marta ya se ha vuelto costumbre: cada vez de forma más frecuente aparece un nuevo video en el que personas retenidas por las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACSN) son obligadas a reconocer “malas conductas”, pedir perdón y comprometerse a no reincidir. Todo frente a una cámara que luego expone su imagen en redes sociales.
La más reciente grabación involucra a tres supuestos moradores del barrio San Pablo, al sur de la ciudad. Se trata de dos mujeres y un hombre que, según se escucha en el video, habrían alterado la tranquilidad con una riña callejera. Como castigo, fueron obligados a barrer las calles y portar un cartel con mensajes de rechazo a la intolerancia.

Durante la grabación, los tres protagonistas agradecen al grupo armado por “perdonarles la vida” y se comprometen públicamente a no volver a protagonizar este tipo de hechos.

El episodio ha generado división. Mientras algunos ciudadanos en redes sociales aplauden la acción asegurando que “alguien tiene que poner orden en los barrios”, otros alertan sobre el riesgo de legitimar la presencia de un grupo armado ilegal que actúa como juez, policía y verdugo.

Aunque las ACSN presentan estos actos como medidas de corrección comunitaria, lo cierto es que se trata de prácticas fuera de la ley. Ninguna estructura armada puede retener ciudadanos ni imponer castigos, tareas que corresponden exclusivamente a las autoridades legales.

Hasta el momento, ni la Policía ni la Alcaldía de Santa Marta se han pronunciado oficialmente sobre este caso, pese a la creciente circulación de estos videos que exponen una preocupante realidad: la sustitución de la justicia formal por mecanismos impuestos por un grupo ilegal que asegura “garantizar orden” en los barrios.