Marienela Cabrera Mosquera, jueza cuarta penal del circuito de Florencia, enfrenta un proceso disciplinario tras la difusión de sus publicaciones en redes sociales. Un magistrado ordenó la incautación de su celular, en medio de un debate nacional sobre los límites entre la intimidad y la función pública.

Una tormenta mediática y judicial sacude a Caquetá. Marienela Cabrera Mosquera, jueza cuarta penal de Florencia, de 47 años, con más de dos décadas de carrera en la justicia y madre de tres hijos, se encuentra en el ojo del huracán luego de que fuera denunciada por sus publicaciones personales en la red social TikTok.

La investigación disciplinaria que hoy la enfrenta al Consejo Seccional de la Judicatura comenzó tras correos electrónicos anónimos que la acusaban de grabar “videos sugestivos”, con un supuesto carácter sexual, que, según los denunciantes, afectaban la imagen de la rama judicial. También se insinuó que la funcionaria descuidaba sus obligaciones por estas actividades.

Cabrera ha rechazado de manera tajante esas acusaciones. “Es muy lamentable que a una mujer se le juzgue por su forma de vestir, por sus publicaciones en redes sociales y se haga caso omiso a su trabajo”, afirmó en su defensa. La jueza sostiene que los videos fueron grabados en su casa, fuera de horarios laborales, y califica el proceso como un “juicio moral sin fundamento legal”.

El expediente tomó mayor relevancia cuando el magistrado instructor, Manuel Enrique Flores, ordenó medidas que desataron polémica. Entre ellas, el monitoreo permanente de sus redes sociales y la incautación de su teléfono celular personal. Esta última decisión ha sido cuestionada por abogados y académicos que consideran que constituye una vulneración de derechos fundamentales y una intromisión desproporcionada en la esfera privada.

El caso de Cabrera va más allá de su situación personal y ha abierto un debate nacional: ¿hasta dónde llega la vida privada de un funcionario público y en qué momento se convierte en un asunto de control ético y disciplinario? Mientras tanto, la jueza sigue ejerciendo sus funciones en el Palacio de Justicia de Florencia, bajo la presión del escrutinio público y el señalamiento constante.

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Para Cabrera, el proceso que enfrenta no solo evidencia prejuicios de género, sino que refleja un choque cultural entre las nuevas formas de expresión digital y las viejas estructuras de la justicia. La discusión, más que jurídica, es sobre libertad, moral y el difícil equilibrio entre lo público y lo privado.