El juez determinó que el hombre podría permanecer en su vivienda mientras continúa el proceso en su contra.

Gisell Ibáñez fue atacada con una botella por un hombre que, además, intentó abusarla sexualmente mientras estaba bajo los efectos del alcohol. La joven logró defenderse, pero terminó con heridas graves en el rostro y otras partes del cuerpo. Su agresor, Víctor Goenaga, fue capturado, dejado en libertad por errores en el procedimiento, y finalmente recapturado. Sin embargo, un juez de Santa Marta decidió enviarlo a su casa mientras avanza el proceso.

La decisión judicial ha causado indignación entre la familia de Gisell y en la comunidad. Consideran que se trata de una medida que pone en riesgo a la víctima y que envía un mensaje de impunidad frente a la violencia contra las mujeres. El juez determinó que no se trataba de un caso de feminicidio en grado de tentativa, a pesar de las pruebas y testimonios presentados.

Según el abogado defensor del agresor, César Cadena, “aunque se reconoció que existió un acto sexual violento, los elementos probatorios no demuestran lesiones a órganos vitales que configuren el delito de tentativa de feminicidio”. Esa interpretación permitió que Goenaga no fuera enviado a prisión sino que cumpliera detención domiciliaria.

Para Gisell, la decisión es una nueva forma de agresión. Tiene miedo, porque no es la primera vez que Goenaga actúa de forma violenta cuando consume alcohol. Ella teme por su vida y la de su familia.

La polémica se intensificó tras conocerse una segunda denuncia por hechos similares. Otra mujer decidió hablar luego de ver el caso en medios de comunicación. Con este nuevo testimonio, crecen las dudas sobre la efectividad del sistema judicial para proteger a las víctimas y sancionar a los agresores.

Pese a la decisión del juez, la investigación sigue abierta. Pero para la familia de Gisell, no hay consuelo: sienten que la justicia no está del lado de quien fue brutalmente atacada, sino de quien la dejó marcada física y emocionalmente.