El caso de Pinky, el perrito asesinado de una patada en Santa Marta, ha dado un nuevo giro: aunque la Fiscalía identificó al responsable e inició un proceso penal, su familia lo internó en un centro de rehabilitación para evitar su judicialización. Los dueños del animal exigen que no quede impune.

Santa Marta no olvida. Pasaron ya varios días desde que Pinky, un perrito de hogar, fue brutalmente asesinado en plena vía pública por un joven que, sin razón aparente, se levantó de un bordillo y le propinó una patada mortal. Pero la herida sigue abierta, y el caso, lejos de avanzar con justicia, ha tomado un rumbo que indigna aún más a la ciudadanía.

El responsable fue identificado como Jhannier Stiven Maldonado, un joven que vive en el sector del Parque. Su rostro se viralizó en redes sociales y no tardó en ser ubicado por las autoridades. La Fiscalía actuó con rapidez, solicitando su presencia para iniciar el proceso penal por maltrato animal con resultado de muerte, según lo contempla la Ley 1774 de 2016.

Pero la respuesta de su entorno familiar no fue colaborar con la justicia. Todo lo contrario.

Una maniobra para evitar el proceso
En lugar de presentarlo ante las autoridades, la familia del joven lo internó voluntariamente en un centro de rehabilitación de drogadicción. Una acción que, para la familia de Pinky y para organizaciones defensoras de animales, no fue un acto de responsabilidad médica sino una estrategia para evitar que Maldonado enfrente las consecuencias legales de sus actos.

“Lo están escondiendo. Lo internaron no porque estén preocupados por su salud, sino porque saben que si lo captura la Fiscalía, deberá responder penalmente. Y eso es lo que quieren evitar a toda costa”, señaló el abogado que representa a la familia afectada.

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Según se conoció, no hay hasta ahora ningún diagnóstico formal que justifique una urgencia médica o psiquiátrica. Solo una admisión voluntaria por parte de su núcleo familiar, que se habría producido justo después de que la Fiscalía emitiera el requerimiento judicial.

Lo que dice la familia propietaria del perro

La familia del perro exige justicia
Desde el momento del ataque, la familia dueña de Pinky ha estado al frente del proceso legal. Con dolor, pero también con firmeza, han interpuesto la denuncia penal y presionado a las autoridades para que el caso no quede en el olvido ni en la impunidad.

“Pinky era un miembro de nuestra familia. No vamos a aceptar que se escondan en una clínica para evitar que este muchacho pague por lo que hizo. Hoy fue un perro, mañana puede ser un niño, un anciano. Alguien así no puede quedar libre”, expresó uno de los dolientes durante una velatón organizada en memoria del animal.