La medida de aseguramiento intramural contra Alexander Parra Carrillo, el primer capturado bajo la nueva legislación de protección animal, genera opiniones divididas entre defensores de derechos animales y críticos del sistema penal.

En una sala de audiencias de Bucaramanga, Alexander Parra Carrillo escuchó la orden de la jueza que lo enviaba a prisión preventiva. La acusación: haber provocado la muerte de un gato llamado Michín, un felino que, sin saberlo, marcaría un antes y un después en la historia de la protección animal en Colombia.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de mayo, cuando Parra Carrillo, según la Fiscalía, amarró con una cuerda el cuello del gato y templó con fuerza durante varios minutos hasta causarle la muerte. El acto, grabado y difundido en redes sociales, causó indignación ciudadana y facilitó su identificación. Fue capturado días después por unidades de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental.

Este es el primer caso en el país en el que se dicta medida de aseguramiento en centro carcelario por maltrato animal desde la entrada en vigor de la Ley 2455 de 2024, conocida como Ley Ángel, una norma que endurece las sanciones contra quienes causen la muerte o lesiones graves a animales.

Aunque Parra Carrillo no aceptó los cargos, la fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó el delito de “muerte a animal agravado”, respaldada en la nueva legislación. La Fiscalía destacó que esta decisión judicial sienta un precedente relevante para la aplicación efectiva de la ley.

La reacción no se hizo esperar. Organizaciones animalistas celebraron lo que consideran un hito en la defensa de los derechos de los animales. En redes sociales, el caso se convirtió en tendencia, y varios activistas manifestaron que “por fin la justicia colombiana toma en serio la vida de los seres sintientes”.

Pero el caso también encendió un viejo debate. Juristas y ciudadanos expresaron su preocupación por lo que consideran una medida desproporcionada frente a otros delitos de mayor impacto que no reciben el mismo tratamiento punitivo. Algunos señalan que el enfoque debe ser más preventivo y menos punitivo, advirtiendo sobre los riesgos de saturar el sistema penitenciario sin resolver de fondo las causas del maltrato.