La Secretaría de Movilidad de Santa Marta, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lanzó una ofensiva contra motociclistas que manipulan las placas de sus vehículos. La práctica, antes vista como una simple infracción, hoy puede costar hasta nueve años de prisión por el delito de falsedad marcaria.

En Santa Marta, tapar o doblar la placa de una motocicleta ya no es un juego ni una simple picardía para evadir una cámara de fotomulta. Es un delito.

La justicia lo dejó claro: quien manipule una placa puede terminar enfrentando una condena de hasta nueve años de cárcel.
La advertencia se hace en medio de una ofensiva que la Secretaría de Movilidad Distrital, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana, adelanta en distintos puntos de la ciudad. Los operativos, que ya han dejado decenas de motocicletas inmovilizadas, buscan poner freno a una práctica que se volvió común entre quienes quieren pasar inadvertidos ante los controles.

“Ya esto no es un tema de una simple tapada de placa con una cinta o un gancho. Estamos frente a un delito”, ratificó Fidel Castro, secretario de Movilidad de Santa Marta. “Las personas que alteren, modifiquen o borren un número de una placa están manipulando un documento público, y eso tiene consecuencias penales serias”, agregó.

La advertencia llega tras comprobarse que muchos motociclistas han reincidido pese a las múltiples advertencias. Según las autoridades, algunos usan cintas negras, ganchos plásticos, vidrios oscuros o incluso mecanismos retráctiles para esconder la placa y evadir fotodetecciones o controles policiales.

Cada caso detectado, además de la sanción administrativa, se convierte en un proceso penal. Los conductores sorprendidos en flagrancia son puestos a disposición de la Fiscalía, que estudia la gravedad de la conducta para determinar si se trata de una falta o de un delito doloso.

“La placa es el documento que identifica al vehículo ante el Estado. Alterarla equivale a manipular un documento público”, explicó el abogado penalista Ariel Quiroga Vives. “Esa acción se tipifica como falsedad marcaria, con penas que van de seis a nueve años de prisión”.

Las autoridades locales aseguran que serán implacables. “No habrá negociación ni ningún tipo de consideración con quienes insistan en mezclarse con la delincuencia común alterando las placas de su motocicleta”, sentenció Castro, quien recordó que esta conducta facilita otros delitos como hurtos, homicidios y fugas.

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Los operativos continuarán de manera permanente y estarán apoyados con tecnología de reconocimiento visual y electrónico para detectar hasta las modificaciones más sutiles. La Fiscalía, por su parte, confirmó que no admitirá excusas ni acuerdos administrativos.
El mensaje es claro: quien tape su placa no está evadiendo una multa, está cometiendo un delito. Y en Santa Marta, las autoridades prometen que esta vez la ley no pasará de largo.