La gobernación se pronunció y dijo que a pesar de la solicitud que se hizo, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no ha cumplido con la intervención. Ya hay una propuesta temporal.
El municipio de Santa Ana, en el departamento de Magdalena, vivió una peculiar protesta el pasado 30 de junio. Un grupo de habitantes decidió conmemorar el primer aniversario del colapso de un puente vital para la región con una fiesta de cumpleaños simbólica, en un intento desesperado por llamar la atención de las autoridades sobre la falta de soluciones a su problema de conectividad vial.
El puente, que se vino abajo el 30 de junio de 2023, provocó la caída de un vehículo de carga y la trágica muerte de su conductor.
Desde entonces, más de 13 mil habitantes han sufrido las consecuencias de la falta de esta estructura esencial para el transporte rural.
La protesta fue organizada por el presidente del concejo municipal de Santa Ana, Iván López, y el secretario general y de gobierno de la alcaldía, Luis Martín Ordóñez Chacón.
La celebración incluyó una torta y reunió a transeúntes, campesinos y transportadores alrededor de los restos del puente, en una atmósfera que, aunque aparentemente festiva, estuvo cargada de indignación y exigencias.
«Necesitamos respuestas concretas y acciones inmediatas por parte del gobierno nacional. No podemos permitir que esta situación perdure más tiempo», declaró el secretario Ordóñez, aclarando la gravedad de la situación que afecta a cerca de 40 mil personas de Santa Ana y Santa Bárbara de Pinto.
Impacto económico y social
El colapso del puente ha dejado incomunicados a los municipios de Santa Ana y Santa Bárbara de Pinto, especialmente al corregimiento de Barroblanco.
Esto ha generado serios problemas económicos, incluyendo un encarecimiento de los productos de la canasta familiar y pérdidas millonarias para el gremio ganadero debido a las dificultades en el transporte de carga.
Además, la falta de acceso a través del puente ha impactado significativamente la movilidad y el comercio entre las localidades afectadas, exacerbando las condiciones económicas ya precarias en la región.
Respuesta gubernamental
El gobierno departamental, por su parte, ha manifestado su intención de resolver la situación. En el periodo anterior, a solicitud del exgobernador Carlos Caicedo, el Ministerio de Defensa Nacional y el Batallón de Ingenieros de Operaciones Militares No.90 realizaron un estudio de viabilidad para la instalación de una estructura metálica modular semipermanente.
Efraín Vargas, secretario de Infraestructura, informó que hace 15 días se radicó un proyecto de ordenanza ante la Asamblea Departamental para realizar movimientos presupuestales que permitan destinar $700 millones a la construcción de las bases del puente.
«Este gobierno de continuidad no se quedará de brazos cruzados», aseguró Vargas, indicando que una vez aprobado el proyecto, el Ejército proveerá el puente militar prometido a la espera de una solución definitiva por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
Mientras tanto, los habitantes de Santa Ana esperan que esta singular protesta logre finalmente acelerar las acciones necesarias para reconstruir el puente y restablecer la conectividad vial en la región.
