Los líderes religiosos fueron hallados sin vida en una fosa común en Calamar (Guaviare). Una funcionaria pública local, separada de su cargo, habría participado en la planeación del crimen junto a disidencias de las FARC. La Fiscalía investiga un posible entramado político y económico detrás del asesinato.

Lo que comenzó como una denuncia de desaparición terminó destapando una alianza criminal entre funcionarios públicos y grupos armados en el Guaviare. Ocho líderes religiosos, reconocidos por su trabajo social y su defensa de las comunidades indígenas, fueron encontrados sin vida en una fosa común en zona rural del municipio de El Retorno.

Las víctimas, que llevaban varios días desaparecidas, habían dedicado su labor pastoral a la promoción de proyectos comunitarios y la denuncia de la corrupción local. Según la Fiscalía General de la Nación, la investigación apunta a una funcionaria pública —cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad— como presunta colaboradora en la planeación del triple homicidio.

De acuerdo con el informe preliminar, la mujer habría entregado información sobre los movimientos de los religiosos a los autores materiales, presuntamente integrantes de disidencias de las FARC que controlan buena parte del territorio.

Las primeras hipótesis indican que el crimen estaría relacionado con disputas por tierras y el manejo irregular de recursos destinados a comunidades indígenas, así como con la resistencia de los religiosos frente a la manipulación política en la región.

Las víctimas fueron identificadas como Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón.

Los ocho líderes habían denunciado meses antes las irregularidades en la ejecución de proyectos sociales y el hostigamiento por parte de grupos armados. Su insistencia en exponer los hechos los convirtió en objetivo.

“No se descarta que detrás haya un entramado político y económico que usó el poder local para silenciar voces incómodas”, aseguró el fiscal encargado del caso.

La funcionaria implicada fue apartada de su cargo mientras avanzan las diligencias judiciales. Entre tanto, el Gobierno Nacional pidió celeridad en la investigación y medidas de protección urgentes para otros líderes amenazados en el departamento.

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El hallazgo de los cuerpos desató una ola de indignación nacional. Organizaciones religiosas y de derechos humanos denunciaron la creciente penetración del crimen en las instituciones públicas.