La Contraloría confirmó que Juliana Guerrero, exfuncionaria del Ministerio del Interior, usó aviones de la Policía para viajar a esta ciudad y otros destinos del país sin propósito oficial, generando un detrimento superior a 213 millones de pesos. Los vuelos fueron autorizados, pero no tenían justificación institucional.

Juliana Andrea Guerrero, la joven exfuncionaria del Ministerio del Interior que estuvo a punto de ser viceministra, usó aviones de la Policía Nacional como si fueran su transporte privado. Entre los destinos figura Santa Marta, adonde llegó en vuelos oficiales que nunca tuvieron un motivo de Estado. La Contraloría concluyó que cinco de esos desplazamientos fueron irregulares, costaron más de 213 millones de pesos y no guardaban ninguna relación con sus funciones públicas.

Santa Marta, uno de los destinos sin justificación

En Santa Marta causó sorpresa enterarse de que esta ciudad fue una de las que apareció en la bitácora de vuelos oficiales de Guerrero. Cada aterrizaje en el aeropuerto Simón Bolívar —con escoltas, protocolos y aeronaves policiales— respondía a un uso indebido de recursos del Estado, según el ente de control.

La Contraloría determinó que esos viajes no tenían agenda pública, ni comités oficiales, ni reuniones ministeriales. Solo tenían una cosa clara: no eran necesarios. Aun así, fueron aprobados como si lo fueran.

El millonario costo de un abuso disfrazado de “apoyo aéreo”

El informe detalla que el combustible utilizado en los cinco desplazamientos superó los 213 millones de pesos, plata del presupuesto público cargada bajo la figura de apoyo aéreo. Pero el uso, según la CGR, fue “ineficaz, ineficiente y antieconómico”.

Entre los vuelos cuestionados figura uno presentado como una “reunión comunitaria”. Cuando la Contraloría revisó quiénes viajaron, encontró un dato revelador:

solo iban Juliana Guerrero, su hermana Verónica y Ricardo Adolfo Suárez Belmonte.

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El destino real era la asistencia a una sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar entre el 19 y 20 de junio de 2025. Actividad que, para rematar, no hace parte de las funciones del Ministerio del Interior.

Los señalamientos: uso indebido y daño patrimonial

El ente de control fue tajante:
Los vuelos no tenían propósito oficial.
Las funciones de Guerrero no justificaban desplazamientos a Santa Marta, Valledupar ni a ninguna de las ciudades involucradas.

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Hubo detrimento patrimonial.
Se configuraron hallazgos fiscales y disciplinarios.

Todo esto pone en la mira no solo a la exfuncionaria, sino también a quienes aprobaron, autorizaron y permitieron que aeronaves policiales fueran utilizadas como transporte personal.

Investigación en curso y funcionarios señalados

La CGR ya abrió investigaciones fiscales y disciplinarias que podrían terminar en sanciones.

Las preguntas clave ahora caen sobre el Ministerio del Interior:

¿Quién autorizó estos vuelos? ¿Por qué se permitió el uso de recursos oficiales para fines personales? ¿Dónde fallaron los controles?

El escándalo por los vuelos irregulares ya está despegando a nivel nacional. Pero uno de sus puntos de aterrizaje —y de indignación— es Santa Marta. Aquí también pegaron los efectos de un abuso que hoy tiene a una exfuncionaria y a varios funcionarios bajo la lupa.