La destitución de Rafael Martínez destapó un pulso abierto entre Fuerza Ciudadana y el Gobierno Nacional. La terna enviada por Carlos Caicedo enfrenta un obstáculo jurídico que podría dejar al movimiento sin el control de la Gobernación.

El Magdalena es hoy escenario de una batalla política de alto voltaje. La caída de Rafael Martínez, destituido por doble militancia, dejó en manos del presidente Gustavo Petro la difícil decisión de quién ocupará el cargo de gobernador encargado. 

Sobre su escritorio ya está la terna enviada por Carlos Caicedo, integrada por tres funcionarias de confianza de Martínez: Ingris Padilla, actual gobernadora encargada; Denis Rangel Lozano, secretaria de Hacienda; y Jenny Camacho, jefe de la Oficina de Contratación.

Pero el nombramiento está empantanado. El ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó la advertencia: Fuerza Ciudadana perdió su personería jurídica, y esa condición podría dejar sin piso la terna presentada. El Gobierno espera que el Consejo de Estado defina si está obligado a elegir a alguien del círculo de Caicedo o si Petro puede saltarse la propuesta y designar a un funcionario afín a su línea política.

La definición no es un simple trámite. Un nombramiento que respalde la terna caicedista sería visto como un gesto de solidaridad y deseo de Petro de fortalecer la relación con el grupo que ha dominado la política del Magdalena en los últimos años. Por el contrario, una decisión que la desconozca abriría una fractura política con un movimiento que, pese a los golpes judiciales, sigue teniendo poder territorial y capacidad de movilización.

Mientras en Bogotá se cruzan los cálculos, en el Magdalena el vacío de poder se alarga. La decisión presidencial marcará si el caicedismo mantiene el control de la Gobernación hasta las elecciones atípicas o si el Gobierno Nacional aprovecha la coyuntura para tomar las riendas de un territorio clave en la Costa Caribe.

Aquí, el pulso no es solo por un nombramiento: es por quién manda en el Magdalena.