Tras el homicidio del senador y precandidato presidencial, su esposa e hijos tendrían derecho a una pensión del 75 % de su salario y a reclamar una millonaria indemnización por presunta falla en la protección.

Apenas unos días después de que el país despidiera con honores a Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, la conversación pública se ha desplazado de la conmoción política al terreno jurídico.

El asesinato del legislador, ocurrido durante un mitin político, no solo dejó un vacío en el Congreso, sino que dio lugar al inicio de un proceso para garantizar los beneficios económicos y las posibles acciones legales que su familia podría emprender.

El abogado Andrés Barrera explicó que, por su condición de congresista en ejercicio, la muerte de Uribe activa el régimen especial establecido en la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1359 de 1993, que garantiza a sus beneficiarios una pensión de sobrevivientes equivalente al 75 % de su salario.

El pago sería vitalicio para su esposa y se mantendría para sus hijos hasta cumplir 25 años, siempre que continúen estudiando.

El caso también podría encuadrarse como un accidente laboral, al ocurrir mientras ejercía funciones políticas, lo que activaría la cobertura de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL). Este régimen otorga un beneficio similar en porcentaje, pero con desembolsos más rápidos y menos requisitos, según el jurista.
No obstante, la familia no podrá recibir ambas pensiones, ya que derivan del mismo hecho. Deberán optar por el régimen que consideren más conveniente.

A esta situación se suma la posibilidad de iniciar una demanda contra el Estado por una eventual falla en el deber de protección, alegando que el asesinato ocurrió en un evento que debía contar con medidas de seguridad adecuadas. Una decisión judicial favorable podría traducirse en una millonaria indemnización por perjuicios materiales y morales.
Mientras las investigaciones avanzan y el país sigue digiriendo la magnitud del crimen, la familia Uribe enfrenta el duelo y, al mismo tiempo, un complejo proceso legal que definirá el futuro económico de sus miembros.