Luego de 18 días de angustia, Lyan Hortúa, un niño de 11 años, fue liberado por sus captores, disidencias de las Farc, tras el pago de un rescate por parte de su familia. La falta de apoyo estatal obligó a sus seres queridos a negociar directamente con los delincuentes. Denuncian indiferencia del Gobierno y consideran abandonar el país por seguridad.

El abrazo que esperaron por 18 días llegó, pero no fue gracias al Estado. Lyan Hortúa, el niño de 11 años secuestrado en zona rural de Jamundí, volvió a su hogar tras un largo cautiverio marcado por el miedo, la incertidumbre y, sobre todo, la ausencia de las autoridades. Su familia tuvo que pagar por su libertad, mientras el Gobierno Nacional permanecía en silencio.

“Nos vimos en la obligación de pagar porque no aguantábamos el miedo”, relató Sebastián Bonilla, tío materno del menor. Según explicó, fue una prima quien negoció directamente con los captores, integrantes de las disidencias de las Farc, sin respaldo alguno del Estado. “La angustia de no saber qué podía pasar con él nos tenía destrozados. El Estado no hizo nada”.

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La denuncia es clara: la vida de Lyan se salvó gracias a los esfuerzos desesperados de su familia, no por una estrategia institucional. En esos 18 días, el presidente Gustavo Petro solo reaccionó con un mensaje en redes sociales, demasiado tarde para una familia que vivía al límite. “Ni una llamada, ni un gesto real. Solo un trino, 18 días después. Para qué”, criticó Bonilla, con evidente frustración.

Mientras las autoridades brillaban por su ausencia, Lyan vivía un infierno. Estuvo esposado durante cuatro días, fue humillado y medicado bajo presión. Aunque intentaba mostrar serenidad en las videollamadas, su familia percibía el deterioro físico y emocional. “Estaba más flaco, cambiado. No merece esto”, lamentó su tío.

Como si el dolor no fuera suficiente, los familiares fueron blanco de rumores infundados que los vinculaban con el narcotráfico. “Soy comerciante desde hace más de 12 años. Siempre he enseñado a Lyan valores de lucha y honor. No tenemos conflictos con nadie”, aclaró Bonilla.

La experiencia dejó secuelas. Aunque hoy Lyan está de vuelta, las heridas emocionales siguen abiertas. La familia contempla salir del país por temor a futuras represalias. “Le pedí perdón al niño por no haberlo salvado antes. Él es solo un niño… y esto no se lo merece nadie”, concluyó Bonilla.

Mientras tanto, el Estado sigue en deuda. La liberación de Lyan no fue una victoria institucional, sino el reflejo doloroso de una familia abandonada que pagó por la vida de su hijo.