El acuerdo conciliatorio incluye actividades educativas y de servicio social, pero no define su situación legal: la decisión final seguirá en manos de los jueces.

La historia judicial de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, sumó un nuevo capítulo. El 18 de septiembre, la empresa TransMilenio S.A. confirmó que llegó a un acuerdo conciliatorio con la influenciadora como parte de la reparación integral por los daños ocasionados durante el paro nacional del 22 de noviembre de 2019.

Ese día, Barrera destruyó equipos e infraestructura en la estación Molinos, en el sur de Bogotá. Las imágenes de la agresión al sistema masivo se viralizaron y encendieron la indignación ciudadana, dando inicio a un proceso judicial que todavía no concluye.

La conciliación tiene dos componentes. El primero, pedagógico y simbólico, obliga a Barrera a desarrollar actividades en estaciones del sistema y a usar sus plataformas digitales para promover mensajes de respeto hacia el transporte público. El segundo, económico, contempla el pago de 100 millones de pesos a TransMilenio, pese a que los daños causados fueron avaluados en más de 467 millones.

“Desde TransMilenio reafirmamos el compromiso con soluciones innovadoras de justicia restaurativa que buscan no solo la reparación de los hechos, sino también la reconciliación social”, señaló la entidad en un comunicado.

El acuerdo, sin embargo, no significa el cierre del proceso. La última palabra sobre la situación legal de Barrera sigue en manos de los jueces que llevan el caso, quienes deberán determinar los pasos a seguir.

Lea aquí: “La mató un bus”: la llamada que destrozó a madre que buscaba a su hija desaparecida

La influenciadora, que pasó de la polémica a los negocios y a la política, enfrenta de nuevo el peso de sus actos. La justicia restaurativa le abre un camino de reparación, pero su futuro jurídico aún pende de una decisión que no depende de ella.