La Fiscalía presentó evidencias contra los uniformados en el crimen de un joven con problemas cognitivos. Lo golpearon, lo colgaron de un árbol durante horas y luego arrojaron su cuerpo a un río.

En Frontino, un municipio de Antioquia marcado por el conflicto, volvió a ser centro de noticias con un hecho atroz. Nueve miembros del Ejército Nacional pertenecientes al Batallón de Infantería N° 32 General Pedro Justo Berrío, fueron enviados a prisión luego de que la Fiscalía demostrara que torturaron y asesinaron a Esneider Flórez Manco, un campesino de 27 años que padecía una discapacidad cognitiva.

Manco fue retenido el pasado 7 de octubre, en una base militar bajo una sospecha que jamás se comprobó: presunta vinculación con un grupo armado ilegal.

De acuerdo con versiones iniciales, el joven fue detenido por militares en la Base Antorcha, ubicada a pocos kilómetros del casco urbano.

Según la Fiscalía, estos nueve soldados no actuaron conforme a la ley, no hubo un procedimiento judicial, sino una escena de barbarie. Los uniformados lo desnudaron, amarraron a un árbol, lo golpearon sin piedad durante cinco horas y, cuando su cuerpo ya no resistió más, lo ocultaron en una hamaca y lo arrojaron al río El Cerro, como quien abandona algo sin valor.

Tres semanas después de su desaparición, un campesino halló el cuerpo en estado de descomposición. El dictamen de Medicina Legal confirmó lo que todos temían: murió a causa de tortura.

Familia exige justicia

«Todo el pueblo sabe que era enfermo mental, y nos duele de cómo lo torturaron ¿por qué no investigaron primero antes de asesinarlo?”, dijo un familiar.

Por este crimen, un juez dictó medida de aseguramiento en guarnición militar contra los uniformados: Teniente Leider Ortiz Ortiz, Sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros, Cabo segundo Cristian David Córdoba Piamba, Soldados Brayan Estiven Osorio, Miguel Ángel Caicedo Hernández, Alberto Rojo Giraldo, Didian Fernando Ruiz Reyes, Jhon Edwin Quejada Fabra y Neider Oyola Ortiz.

A todos se les imputaron los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada agravados, aunque ninguno aceptó los cargos.

El caso generó una fuerte crisis dentro del Ejército, que intenta sostener su credibilidad en medio de nuevas denuncias por abusos en zonas rurales. A través de un comunicado, han rechazado tajantemente estos comportamientos, enfatizando que no corresponden a las políticas ni a las órdenes del mando, y que afectan la imagen institucional.

Lo más indignante, aseguran los habitantes de Frontino, es que Esneider no era un combatiente ni un rebelde, sino un joven campesino cuya condición mental lo hacía aún más indefenso.

En el corregimiento donde ocurrieron los hechos, los vecinos viven entre la indignación y el miedo hacia la propia fuerza pública.

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“Uno ya no sabe si tenerle miedo a los ilegales o al mismo Ejército”, lamentó un habitante que pidió reserva de su nombre.