Comerciantes y hasta mototaxistas deben pagar cuotas diarias a grupos armados ilegales para poder trabajar. Defensores de derechos humanos advierten que el silencio se compra con miedo y que incluso ya hay asesinatos relacionados con este flagelo.

En Santa Marta ya no basta con abrir un negocio, surtir la tienda o manejar una moto para rebuscarse el día. La extorsión se volvió parte de la rutina: pagar una cuota obligatoria a los grupos ilegales es casi tan común como cancelar la luz o el agua.

Norma Vera, defensora de derechos humanos, lo resume con crudeza: “Todo aquel que tenga un negocio en la ciudad debe pagar vacuna. Les hacen un estudio económico y, según lo que produzca, así mismo es la contribución. No es colaboración, es extorsión”.

Los mototaxistas, por ejemplo, en varias zonas de la capital magdalenense entregan 10 mil pesos diarios como un supuesto “impuesto de seguridad”.

En playas como Rodadero, Taganga y Bello Horizonte, coordinadores de estas redes criminales recorren negocio por negocio para exigir reportes de ingresos y fijar la cuota correspondiente.

El miedo a hablar

La situación se vive en silencio. “Si usted va al mercado y pregunta, todo el mundo dirá que no hay extorsión. Pero la realidad es otra. El que se atreve a denunciar paga con su vida”, advierte Vera, quien asegura que varios homicidios recientes han estado ligados al no pago de vacuna.

Un comerciante, que pidió no revelar su identidad, lo confirma: “Si denunciamos, capturan a los cobradores, pero los jefes siguen libres y después vienen por nosotros. No tenemos alternativa, toca pagar para sobrevivir”.

Los mensajes llegan por celular, las llamadas intimidan y en ocasiones los mismos cobradores citan a los comerciantes en lugares apartados para cerrar los acuerdos de pago.

Seguridad ilegal

Aníbal Fernández, analista de seguridad, explica que los grupos armados ofrecen a cambio de la cuota un supuesto “orden”. “En barrios y zonas turísticas donde antes había muchos robos, ahora casi no se ven. No porque la Policía los haya erradicado, sino porque estos actores se imponen como vigilantes a punta de bala”, señaló.

Respuesta oficial

El Gaula de la Policía y la Alcaldía de Santa Marta anunciaron campañas de prevención y más operativos. El coronel Jaime Ríos Puertas, comandante de la Metropolitana, aseguró: “Hemos logrado capturas importantes y aumentamos la inteligencia policial. Seremos contundentes contra estos grupos ilegales”.

Pero en las calles la percepción es otra: los cobros siguen y el miedo también.

Santa Marta convive con una realidad incómoda: una extorsión que dejó de ser delito oculto para convertirse en un “servicio obligatorio” que asfixia a comerciantes, transportadores y empresarios turísticos. Y mientras las autoridades prometen golpes, la gente paga para no morir.