Desde este jueves los vehículos distribuidores son acompañados por escoltas privados y miembros del Gaula y la Policía a fin de prevenir que sean víctimas de los violentos.
Las empresas de bebidas Coca-Cola, Postobón y Bavaria estuvieron al borde de suspender la distribución de sus productos en varios barrios de Santa Marta tras recibir amenazas de grupos delincuenciales, quienes exigieron el pago de cuotas extorsivas a cambio de permitir su operación en la ciudad.
La situación generó temor entre los trabajadores, algunos de los cuales consideraron renunciar ante el riesgo creciente.
Las empresas afectadas alertaron a las autoridades locales, lo cual impulsó a la Alcaldía de Santa Marta a convocar una reunión urgente de seguridad con altos funcionarios de la Cámara Industrial de Bebidas y de la Asociación Nacional de Industriales y Empresarios de Colombia (ANDI).
Durante el encuentro, se trazaron compromisos de acompañamiento y estrategias de prevención e investigación para dar con los responsables de las amenazas.
Las medidas de la alcaldía
El secretario de Seguridad y Convivencia, Gustavo Berdugo, explicó la gravedad del problema: “Estos actos de intimidación no solo ponen en riesgo a los trabajadores de las empresas, sino que afectan directamente la economía local y la seguridad de la ciudadanía. Desde la administración distrital, seguiremos brindando acompañamiento a las empresas mientras avanzamos con las investigaciones”.
Como primera medida se dispuso del Gaula y la Policía para que proporcionen vigilancia constante a los camiones distribuidores, mientras se trabaja en identificar si se trata de delincuencia común o de grupos organizados que buscan imponer su control en la zona.
La problemática no solo impacta la logística de distribución de estas grandes empresas, sino también a más de 3,500 comercios locales en la ciudad y zonas rurales que dependen de la disponibilidad de estos productos para sus operaciones diarias.
Las extorsiones en esta región han cobrado fuerza en los últimos meses, afectando a diferentes sectores económicos que ven reducida su capacidad de operar debido a las demandas económicas de los grupos al margen de la ley.
Camilo George, secretario de Gobierno, quien participó en la reunión de manera virtual, destacó la importancia de la coordinación entre el sector privado y las autoridades. «El alcalde Carlos Pinedo Cuello ha instruido que se tomen todas las medidas necesarias para que la actividad económica en Santa Marta no se vea interrumpida por las acciones de estos grupos».
Por su parte, la alta consejera para la Paz, Jenifer del Toro, se refirió al impacto más amplio de la situación: “Las extorsiones no solo afectan a grandes empresas, sino que crean un ambiente de miedo e inseguridad en la ciudad. Hacemos un llamado al gobierno nacional para que, a través de los diálogos socio-jurídicos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, se aclare si estos grupos están detrás de las amenazas. Urge identificar a los responsables para frenar estas actividades y proteger tanto a los empresarios como a los ciudadanos de Santa Marta”.
Seguridad privada
Además de las medidas implementadas por las autoridades locales, las empresas de bebidas han optado por reforzar la seguridad contratando servicios de escoltas privados para sus camiones de reparto.
Aunque las operaciones no fueron suspendidas, esta decisión evidencia la seriedad de la amenaza y la preocupación de los empresarios por la integridad de sus empleados y la continuidad de sus actividades.
Contexto de una problemática en crecimiento
En Santa Marta, la extorsión se ha convertido en una práctica común en los últimos años, afectando tanto a pequeños comerciantes como a grandes compañías.
Según estadísticas de las autoridades, los grupos delincuenciales, que se disputan el control territorial en la región, han incrementado las actividades de cobro de «vacunas» o cuotas extorsivas a diferentes sectores.
El fenómeno está ligado al crimen organizado y ha tenido efectos devastadores en la estabilidad económica y la seguridad de los habitantes, quienes ven cómo la violencia amenaza su derecho a un ambiente seguro y a una economía productiva.
La situación actual evidencia cómo el accionar de grupos criminales ha alcanzado nuevas dimensiones, poniendo en jaque a empresas nacionales que históricamente han operado sin incidentes graves en la ciudad.
La intervención de las autoridades locales y nacionales será fundamental para restablecer la confianza en Santa Marta como un territorio seguro para la inversión y el desarrollo empresarial.
El secretario Gustavo Berdugo concluyó: “Santa Marta es un distrito que lucha por brindar oportunidades de desarrollo a sus habitantes y atraer inversión. No permitiremos que unos cuantos amedrenten a quienes contribuyen al bienestar de la ciudad. Estamos comprometidos en garantizar que los empresarios, así como todos los ciudadanos, puedan realizar sus actividades en paz”.
